Las empresas de combustibles fósiles utilizan cada vez más las compensaciones de emisiones de carbono para afirmar que están consiguiendo la neutralidad climática. Gigantes del petróleo y el gas como BP, Shell, Total Energies y Eni han utilizado créditos de carbono para suministrar combustibles fósiles denominados “neutros en carbono”. 

Además, las estrategias a largo plazo para llegar a la neutralidad climática de Eni, Shell, Total Energies, Chevron y ExxonMobil incluyen cantidades sustanciales de compensación de carbono. 

Según un informe publicado por Shell, en 2030 se compensarán hasta 1,5 millones de toneladas de CO2 en todo el mundo, por un valor de entre 10.000 y 40.000 millones de dólares, frente a los 2.000 millones de dólares de 2021.

Ahora, cuatro estudios de casos registrados en el Atlas Global de Justicia Ambiental (EJAtlas) revelan que la compensación de carbono violenta los derechos de los pueblos indígenas a través del despojo de tierras, la violencia, la militarización de sus territorios ancestrales, la pérdida de acceso a recursos naturales vitales y la privación de derechos. 

Al mismo tiempo, todos los proyectos estudiados venden créditos que son papel mojado, y en tres de ellos los ingresos están sujetos a acuerdos financieros opacos que marginan y excluyen a las comunidades locales.

¿Cómo funcionan las compensaciones de carbono?

Las empresas de combustibles fósiles compran créditos de carbono en el mercado voluntario para compensar las emisiones asociadas a sus productos. Cada crédito de carbono compensa una tonelada de CO2. 

Los créditos son producidos por proyectos privados de compensación que pretenden absorber CO2

Los créditos son producidos por proyectos privados de compensación que pretenden absorber CO2, como las plantaciones forestales, o por iniciativas que intentan evitar emisiones, como los proyectos de energías renovables o de prevención de la deforestación, también denominados proyectos REDD+, que representan aproximadamente el 40% de los créditos de carbono del mercado voluntario.

Los certificadores de créditos de carbono, en principio, garantizan que cualquier proyecto de prevención de emisiones aporta beneficios climáticos reales. 

La clave para conceder créditos de carbono de un proyecto REDD+ es determinar la tasa de deforestación de base en zonas de referencia que tengan características similares al proyecto. 

La tasa de deforestación observada en la zona del proyecto se resta entonces de la base de referencia para determinar la “adicionalidad” –deforestación evitada– que ha resultado de la ejecución del proyecto.

Los proyectos REDD+ venden créditos de carbono “sin valor”

Sin embargo, una investigación conjunta de The Guardian, Die Zeit y SourceMaterial ha revelado que el 94% de las compensaciones de carbono de REDD+ certificadas por Verra, la principal certificadora de créditos de carbono del mundo, “no tienen valor”.

El 94% de las compensaciones de carbono de REDD+ certificadas por Verra, la principal certificadora de créditos de carbono del mundo, “no tienen valor”

Básicamente, las bases de referencia son calculadas por conveniencia y los programas de conservación forestal no aportan ninguna reducción adicional de CO2 que pueda medirse. 

Verra recibe una comisión por cada crédito que aprueba, lo que crea un claro conflicto de intereses que incentiva la sobreestimación de los créditos de carbono que pueden venderse.

Los críticos llevan mucho tiempo afirmando que las compensaciones de carbono no son más que papel mojado para permitir a la industria de los combustibles fósiles vender combustibles fósiles sin sensación de culpa. Incluso algunos intermediarios de créditos de carbono han calificado los combustibles fósiles neutros en carbono de “tonterías obvias”.

En los cuatro estudios de casos recientes añadidos al EJAtlas, se descubrió que cada proyecto REDD+ investigado tenía una “base de referencia inflada” que exageraba enormemente la prevención de la deforestación.

En los casos del Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) en Perú y del Resguardo Indigena Unificado-Selva de Matavén, los investigadores no encontraron “adicionalidad” porque las áreas ya tenían garantizado el estatus legal de protección antes del establecimiento de los proyectos REDD+.

En otras palabras, el proyecto de carbono no puede detener la deforestación en una zona que ya cuenta con medidas preventivas en funcionamiento. 

Del mismo modo, en los casos de Kariba REDD+, en Zimbabue, y del Proyecto Forestal Comunitario de Luangwa, en Zambia, las zonas del proyecto están situadas alrededor de Parques Nacionales que tienen estatus de protección. En Luangwa, se comprobó que los principales factores de deforestación de la zona de referencia eran totalmente distintos de los de la zona del proyecto.

Las comunidades locales reciben pocos beneficios económicos

Se supone que los ingresos procedentes de la venta de compensaciones por emisiones de carbono benefician a las comunidades que viven en la zona del proyecto al ofrecerles alternativas a los medios de subsistencia que, en teoría, provocan la deforestación.

Sin embargo, es habitual que los comerciantes de carbono que median entre las empresas privadas y las organizaciones que gestionan los proyectos de compensación se lleven una parte importante de las ventas.

El bróker de créditos de carbono South Pole, que asesora a Verra, también recibe una comisión por cada crédito vendido a compradores internacionales. 

South Pole fue objeto de críticas tras descubrirse que uno de sus proyectos emblemáticos, Kariba REDD+, emitió hasta 30 veces más créditos de los que debía. Las investigaciones revelaron que los ejecutivos de South Pole sabían que esto era un problema, y algunos empleados incluso dimitieron debido a las revelaciones. 

Además, South Pole ganó un 73% más en comisiones de Kariba REDD+ de lo que se había acordado formalmente mediante la especulación en el mercado del carbono.

Las ONG y empresas que ejecutaron los proyectos REDD+ en los cuatro estudios de caso tienen contratos de distribución financiera no verificables.

Al no existir reguladores, las comunidades territoriales son vulnerables a que los promotores de los proyectos se aprovechen de ellas

Estos intermediarios deben garantizar que los ingresos procedentes de la venta de créditos se distribuyen a las comunidades mediante acuerdos jurídicamente vinculantes, pero al no existir reguladores, las comunidades territoriales son vulnerables a que los promotores de los proyectos se aprovechen de ellas.

En ambos casos en África, se descubrió que las empresas del proyecto estaban registradas en paraísos fiscales, e incluso se creó una criptomoneda en un paraíso fiscal para vender créditos procedentes del proyecto Kariba REDD+.

En el caso de PNCAZ, las comunidades quechuas no conocen con claridad las ventas de créditos de carbono y no recibieron ningún beneficio financiero o económico de la ONG que gestiona el proyecto.

La opacidad de las transacciones financieras deja un enorme vacío en la rendición de cuentas que convierte a los beneficiarios previstos de las comunidades indígenas y territoriales en víctimas potenciales de la corrupción.

Se niegan las necesidades básicas y las tradiciones de las comunidades locales

En el PNCAZ, algunas comunidades agrícolas fueron expulsadas de la tierra para dar paso al área protegida y, en lugar de expulsar a algunas aldeas quechuas, los límites del parque se trazaron específicamente para excluirlas del área protegida.

Para estas comunidades quechuas, eso significó que ya no se les permitía cazar, pescar, recolectar o cultivar en su territorio ancestral 

Para estas comunidades quechuas, eso significó que ya no se les permitía cazar, pescar, recolectar o cultivar en su territorio ancestral sin permisos oficiales que limitan el número de días que pueden entrar en la zona protegida, lo que supone una pérdida de medios de subsistencia e incluso desnutrición en algunos casos

Las comunidades quechuas también sufren la invasión de sus territorios por madereros ilegales y productores de coca, y cuando los miembros de la comunidad denuncian estos casos, las autoridades locales hacen caso omiso de ellos porque no tienen derechos de tenencia de la tierra legalmente reconocidos. Incluso miembros de la comunidad quechua han recibido amenazas de muerte de los narcotraficantes para que guarden silencio. 

En Kariba y Luangwa, los estudios de caso revelaron la privación de derechos de las comunidades locales con respecto a la gobernanza del proyecto. 

Los miembros de la comunidad no entienden el proyecto y están perdiendo su relación tradicional con sus territorios por miedo a las patrullas armadas y a las restricciones sobre quién puede usar la tierra para buscar comida o cazar. Sin embargo, estas restricciones no se aplican a los clientes de pago que viajan a las zonas del proyecto para hacer turismo de safari. 

En el caso de Luangwa, Eni ha llegado incluso a convertirse en miembro del consejo de gobierno del proyecto REDD+, sin cumplir sus promesas a los residentes. 

Este año, un equipo de noticias italiano descubrió que el gigante petrolero había construido una nueva aula en Luangwa, pero se negó a entregar el edificio a la escuela, dejándolo vacío durante más de un año.

Se viola el derecho al consentimiento libre, previo e informado

Las normas de la ONU exigen procesos de consentimiento libre, previo e informado (FPIC, por sus siglas en inglés) con las comunidades indígenas para poner en marcha proyectos REDD+. 

Sin embargo, en el caso de PNCAZ, las comunidades quechuas ganaron un juicio en abril de este año contra el Gobierno peruano por violar sus derechos al FPIC, lo que llevó al Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial a exigir formalmente medidas urgentes al Estado.  

¿Qué comunidad daría su consentimiento si comprendiera que la venta de compensaciones de carbono está justificando más emisiones?

En Luangwa, uno de los socios del proyecto, USAID, llegó a admitir que el proceso de FPIC era insuficiente, y en todos los estudios de caso, las comunidades territoriales no entendían el concepto abstracto de los créditos de carbono.

La pregunta persiste: ¿qué comunidad daría su consentimiento si comprendiera que la venta de compensaciones de carbono está justificando más emisiones y, en última instancia, amenazando la supervivencia a largo plazo de sus territorios debido a las consecuencias del aumento de las temperaturas y los fenómenos meteorológicos extremos?

En el caso del Resguardo de Matavén, las 16 comunidades indígenas crearon una estructura política que les ayudó a conseguir derechos de tenencia de la tierra reconocidos constitucionalmente antes de iniciar el proyecto REDD+ en su territorio.

De los cuatro estudios de caso, este fue el factor determinante que redujo los efectos negativos y maximizó los beneficios del proyecto de carbono para las seis Primeras Naciones que administran la tierra. 

Aun así, algunas entrevistas con la población local revelaron quejas por una visión estrecha de la conservación que afecta a las prácticas y conocimientos tradicionales indígenas, que según los estudios son vitales para mantener la biodiversidad. 

No a las compensaciones de carbono, sí a la deuda climática

Los proyectos de compensación de carbono REDD+ no sólo venden créditos de carbono de papel mojado que justifican la perpetuación del modelo de combustibles fósiles. 

Es imperativo oponerse a los mercados voluntarios de carbono y a su uso para hacer declaraciones fraudulentas

También reproducen injusticias históricas y relaciones de poder asimétricas en las que los ricos, occidentales blancos y minorías se benefician, y las comunidades indígenas racializadas, sobre todo en el sur global, sufren los impactos.

Es una extensión de la lógica que ha visto a una minoría aprovechar los beneficios del sistema fósil durante el último siglo y medio, mientras se deja a una mayoría sufrir los peores impactos de la crisis climática y ecológica.

Las élites ricas y occidentales han contraído una deuda climática y ecológica con todas aquellas personas que han contribuido poco a la crisis actual, pero que son las primeras y más afectadas por ella.

Para cualquiera que luche por un clima más seguro y por la justicia global, es imperativo oponerse a los mercados voluntarios de carbono y a su uso para hacer declaraciones fraudulentas de neutralidad de carbono por parte de las empresas de combustibles fósiles.

Paralelamente, debe exigirse a los peores criminales climáticos que paguen a las comunidades locales que defienden los bosques, no como un quid pro quo, no como una compensación de carbono, sino como una deuda climática y ecológica.

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Este artículo es una traducción del artículo original publicado en The Ecologist el 18 de agosto de 2023.

Nathaniel Rugh y Marcel Llavero-Pasquina son investigadores del Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) y miembros del equipo del Atlas Global de Justicia Ambiental. Este trabajo fue realizado en el marco de la Prácticas en Empresa del grado en CC Ambientales (UNED). Twitter: @NathanielRugh; @llaveropasquina.