Junto a la insostenibilidad ecológica y a las amenazas a la cohesión social por la persistencia de la pobreza, la precariedad y la desigualdad, los desequilibrios territoriales aparecen como otra gran variable a tener en cuenta a la hora de explorar las tendencias predominantes que atraviesan nuestro modo de vida. El primer Informe Ecosocial sobre la Calidad de vida en España, desarrollado por los y las investigadoras de FUHEM Ecosocial, recoge esta dimensión y trata de analizar tanto sus características principales, así como sus implicaciones. Los rasgos y tendencias en el modo de vida imperante sólo contribuirán a la calidad de vida de las personas si son capaces de garantizar el acceso a los bienes necesarios, relaciones significativas y tiempo para la autonomía personal en un entorno social y natural seguro. Y es por esa razón que el Informe de FUHEM Ecosocial, mediante un enfoque multi-actor y multidimensional centrado en una batería de indicadores heterogéneos, puede resultar útil para detectar dónde están algunos de los asuntos cruciales sobre los que deberíamos centrar la atención a la hora de diseñar políticas que persigan una Vida Buena para los territorios y las personas que los habitan.

Resulta evidente que las dinámicas territoriales propias del capitalismo conllevan implicaciones sociales, demográficas, económicas y culturales que están ahondando en España un desequilibrio geográfico con consecuencias sobre la calidad de vida de las personas, tal y como se señalaba anteriormente.

Así, la realidad de España está marcada por un fuerte desequilibrio poblacional, económico y laboral que está arrinconando a grupos sociales y grandes zonas rurales del país, las cuales, la mayoría de las veces, se ven reducidas a actuar como surtidoras de recursos naturales y fuerza laboral y como sumideros de residuos y contaminación en favor de unas áreas urbanas en creciente expansión que concentran el grueso de la población, la riqueza y el empleo.

En una cuarta parte de los municipios de España la población jubilada supera a la de trabajadores en activo

Este modelo socioeconómico y territorial, cada vez más polarizado social y geográficamente, conlleva una fuerte intensificación de diversas problemáticas ambientales (cambios de uso del suelo, contaminación, sobreexplotación de recursos naturales y cambio climático) y sociales (pobreza material, exclusión social, precarización laboral y desigualdad económica) que están socavando las bases sociales y ecológicas que posibilitan una vida digna y de calidad en España. De ese modo, despoblación, periferia y conflicto son conceptos que describen bien la situación de unos territorios vaciados y abandonados, que sufren la ausencia de un plan de políticas claras y a largo plazo que contemple otras formas de mejora para ellos. Los proyectos industriales que se aportan como solución –macrogranjas, parques eólicos, huertos solares, etc.– presentan altos costes ecológicos y sociales sin responder a las necesidades de estos territorios y, por esa razón, han encontrado una fuerte resistencia entre los pocos habitantes que quedan, tal y como se señala también en el Dossier Ecosocial “El arte de vivir en la España Vaciada”.

España concentra la población de un modo inusitado en el contexto europeo, con el 90% de sus residentes emplazados en el 30% del territorio (fundamentalmente en las grandes ciudades y toda la franja costera mediterránea). El 80% de la población española vive en espacios urbanos, y más de la mitad lo hace en ciudades de más de 50.000 habitantes. En el otro extremo, 5.002 municipios de los 8.131 que existen en España tienen una población menor a los mil habitantes, y casi la mitad de todos los municipios españoles (el 48,4%) tiene actualmente una densidad de población inferior a los 12,5 habitantes por km², que es el umbral fijado por la UE para identificar territorios en riesgo de despoblación. Gran parte del éxodo poblacional vivido en España en las últimas décadas viene explicado por el movimiento de la población joven, que ha abandonado las zonas del interior de la Península en busca de oportunidades laborales y educativas, tanto en las grandes ciudades españolas como en el extranjero. Este fenómeno está acelerando aún más el envejecimiento de las áreas rurales al contribuir al descenso de la tasa de fecundidad. Actualmente, 743 municipios tienen más del 30% de su población con una edad de 75 años o más. Con ello, en casi el 25% de los municipios de España la población jubilada supera ya a la de trabajadores en activo. A medida que estas personas fallezcan, se perderá buena parte de los ingresos (en forma de pensiones) que sostenían la pobre actividad económica de estas zonas, contribuyendo a vaciar probablemente aún más el interior del territorio español. Y, por si fuera poco, además de envejecido, el ámbito rural español se encuentra fuertemente masculinizado. Hoy en día, en el 85% de los municipios menores de 1.000 habitantes hay más hombres que mujeres, y en los municipios de menos de 100 habitantes el 71% de las personas que deciden irse son mujeres; que son precisamente quienes en mayor medida sufren la falta de oportunidades ligadas a la denominada España vaciada. Es en ese sentido que las previsiones de que se reduzca la población española en las próximas décadas, al tiempo que se incrementa su edad promedio, hacen que se hable de la dinámica demográfica como un reto de primer orden cuyos efectos se sentirán en los patrones de consumo y de ahorro, en la evolución de la fuerza laboral y en la eficacia del sistema de bienestar social.

Resulta además importante hacer especial hincapié aquí sobre las ya mencionadas implicaciones ambientales de la polarización territorial española. Así, atendiendo a los flujos de materia y energía existentes en las diferentes comunidades autónomas, se observa cómo su cualificación productiva y comercial ha consolidado dos tipos de regiones: unas especializadas en la extracción de recursos y en el vertido de residuos, y otras que han centrado su labor en la acumulación y el consumo. Así, y tal y como se señalaba también en un anterior estudio de FUHEM Ecosocial “El metabolismo económico regional español”, las regiones con mayor grado de aglomeración urbana y concentración poblacional (fundamentalmente Madrid y la franja litoral mediterránea y vasca) se han convertido en atractores de todo tipo de recursos (alimentarios, forestales, energéticos, minerales, etc.), mientras que la España interior y las regiones económicamente periféricas han sido las que, en términos generales, han concentrado el grueso de la extracción física de recursos naturales de origen nacional, así como la emisión de residuos y contaminación.

Unas regiones se han especializado en la extracción de recursos y en el vertido de residuos, y otras han centrado su labor en la acumulación y el consumo

Esta polarización territorial tiene una plasmación muy llamativa en lo que a la energía eléctrica se refiere, con unas zonas geográficas en donde predomina la producción, y otras en donde lo hace el consumo. En este sentido, las áreas metropolitanas de las ciudades de Barcelona y, fundamentalmente, Madrid, actúan como verdaderos “agujeros negros” en términos energéticos, demandando mucha más electricidad de la que sus territorios producen. Por el contrario, comunidades como Castilla-La Mancha, Galicia, Castilla y León, Aragón o Extremadura ejercen como productores y exportadores netos de electricidad –principalmente de origen hidroeléctrico y térmico– con los consiguientes impactos ambientales que ello conlleva.

En ese sentido, además, otro ejemplo paradigmático de polarización territorial lo constituyen los nuevos megaproyectos de producción de energía renovable ligados a los parques eólicos y las plantas fotovoltaicas, mencionados al principio como fuente de conflictividad y tensión entre la población de los territorios afectados por estos tipos de dinámicas “casi coloniales”. Actualmente, el 77% de toda la potencia renovable instalada en España se corresponde con plantas ubicadas en municipios rurales.

Otro factor determinante a la hora de entender las dinámicas de desequilibrio territorial y sus repercusiones en diferentes dimensiones es el fenómeno de “la vuelta” a la minería. En la mayoría de las ocasiones las administraciones autonómicas y locales, acuciadas por el vaciamiento de sus territorios y la escasez de actividades productivas, se muestran abiertas a considerar importantes proyectos mineros que, aunque conlleven fuertes impactos ambientales, aparentan “soluciones” rápidas para generar actividad económica y crear empleo.

En definitiva, la realidad de España está marcada por un fuerte desequilibrio territorial. El desequilibrio demográfico se encuentra fuertemente asociado a una profunda desarticulación del territorio que tiene en el envejecimiento y en la masculinización del medio rural dos de sus principales expresiones, con unas consecuencias ambientales y ecológico-distributivas cada vez más evidentes. Esto da lugar a una geografía socioeconómica crecientemente desigual y a dos velocidades con importantes repercusiones en oportunidades laborales y en la prestación de servicios básicos de calidad.

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Monica Di Donato es investigadora en FUHEM Ecosocial y co-autora del I Informe sobre la Calidad de Vida en España.