Cuando una se gana la vida asesorando al respetable, el estudio y el ejercicio de la memoria se convierten en instrumentos necesarios para el desempeño de este maravilloso, aunque duro, oficio. No queda otra.

Y en algún momento se interioriza tanto el ejercicio de la memoria que acaba aplicándose a lo cotidiano y te conviertes en una hemeroteca con patas, a ratos pedante y en ocasiones repelente, si no se controla el impulso de andar corrigiendo, a la mínima de cambio, fechas, datos y el resto de la información. Pero toca quedarse con la parte positiva, por cuanto la memoria ayuda a mantener el buen estado de la materia gris cerebral y es un recordatorio de aquello de “porque fueron, somos, y porque somos, serán”, que cobra especial relevancia en estos días.

Porque parece que hay una niebla mental cuidadosamente desplegada que está provocando fallos de memoria severos en el escenario político actual.

Se está poniendo el grito en el cielo ante la previsible e inmediata presentación del proyecto de ley de amnistía pactada entre el partido socialista y los partidos nacionalistas e independentistas catalanes, en el marco de la negociación para la votación de investidura de Pedro Sánchez.

Era de esperar que, tras una investidura fallida por falta de apoyo parlamentario, la que está llamada a ser la oposición al futuro Ejecutivo rechazara frontalmente un pacto de amnistía a favor de quienes no quisieron jugar con ellos; sin embargo, los retrata una vez más el uso de las descalificaciones, el histrionismo forzado, la llamada al transfuguismo y el anuncio de hecatombes sin parangón para el país. Todo es marca conocida de la casa y ya es muy difícil cambiar el hierro. Junto a ellos, los únicos que los acompañan en el recreo para jugar al Monopoly del quiero y no puedo también hacen buen uso del ruido, la mentira y el populismo para autoerigirse en guardianes de la democracia, e incluso lanzan “advertencias” que mejor encajarían en una canción de fake drill –vaya por delante mi respeto a los artistas de drill– o como anexo a sus 100 ideas urgentes para salvar España, que ya viene tocando una actualización.

Los votos del nacionalismo catalán fueron fundamentales para que, en 1996, Aznar pudiera ser investido presidente del Gobierno

Unos y otros esgrimen su dolor profundo por el devenir de la patria y un espíritu de abnegación que roza lo heroico y les permite tachar al contrario de oportunista interesado en busca de poder; sería bueno que no olviden que los ciudadanos no somos tontos, pero sí conscientes de que todos los jugadores ansían el mismo premio y lo que realmente duele es no poder ganar. En este caso, no poder mandar.

Tampoco está de más recordar que no es la primera vez que el nacionalismo juega un papel decisivo a la hora de formar gobierno, tanto es así que sus votos fueron fundamentales para que, en el año 1996, José María Aznar pudiera ser investido presidente del Gobierno; votos que se consiguieron a través del denominado “Pacto del Majestic”, por ser el nombre del hotel de Barcelona en el que se selló el acuerdo por el que el futuro Gobierno central hizo concesiones nada desdeñables a catalanes y vascos, que incluían beneficios fiscales, traslados de competencias a favor de los cuerpos policiales autonómicos en detrimento de la Guardia Civil e incluso transferencias en materia de telecomunicaciones.

Se plantea la duda de si entonces España no dolía tanto o si el aspirante a formar gobierno era también un traidor dispuesto a todo por alcanzar el poder. Porque esa España que entienden más suya que de los demás tiene una memoria histórica que conviene recordar.

Es la misma que aprobó dos amnistías “parciales” por decreto-ley, en julio de 1976 y marzo de 1977, y una ley de amnistía total aprobada por consenso de las Cortes Generales el 15 de octubre de 1977, por las que se procuró consolidar la transición de la dictadura franquista al régimen democrático, con el ánimo de buscar la reconciliación nacional y evitar posibles represalias. Dejémoslo ahí.

Y para no anclarnos en el periodo anterior a la ahora tan traída y llevada Constitución Española de 1978, la amnistía ha sido un instrumento usado en democracia por los diferentes ejecutivos para aprobar medidas de gracia a nivel fiscal hasta en tres ocasiones, bajo los gobiernos de Felipe González y Mariano Rajoy, y por las que se eximió del cumplimiento total o parcial de las obligaciones tributarias a aquellos que no las cumplieron en su momento e incurrieron en delito fiscal, siempre que a cambio abonaran una parte de la cantidad defraudada. Tal cual.

En el marco de negociación actual, una parte de los interlocutores ha sido juzgada, condenada e indultada por unos hechos que nunca debieron llegar a ser judicializados, por ser la consecuencia del mal hacer de los responsables políticos que debieron haberlos evitado; en este escenario, si la instrumentalización de la amnistía para conseguir una investidura conlleva un bálsamo que cierre grietas y normalice relaciones con el nacionalismo catalán, pocas veces estará mejor aprovechada.

Quien escribe estas líneas no puede por menos que hacer una especial mención a la respuesta por parte del poder judicial sobre la posible ley de amnistía. Aquella institución que me tocó estudiar en los manuales de Derecho como uno de los tres poderes del Estado, cuya función es la de impartir justicia en la sociedad a través de jueces y tribunales “independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.

Así lo recuerdo y no me falla la memoria, porque así sigue recogido en los textos legales vigentes.

Sin embargo, ya es público y notorio que el poder judicial es una extensión politizada del poder ejecutivo, cuyo órgano de gobierno lleva cinco años en una gravísima situación de bloqueo y con su mandato caducado, pero que se activa de forma extraordinaria para rechazar la propuesta de ley de amnistía. Si esto sucede en las más altas esferas, no es extraño que en juzgados de primera instancia se estén admitiendo, inexplicablemente, demandas de ciudadanos particulares contra una amnistía aún inexistente, lo que apunta a una suerte de derecho preventivo que es igual o más peligroso que la politización de los órganos judiciales.

Sea como fuere, y a la espera de que tanto la posible ley de amnistía como el trámite de investidura del presidente de gobierno se lleven a cabo dentro del marco constitucional, como no puede ser de otra manera en democracia, es importante que no olvidemos el proceder de los poderes institucionales y fácticos ante la formación de un gobierno progresista, plural y diverso.

Que no nos falle la memoria. A nosotras, no.