Debo ser sincera y reconocer que no supe lo que era exactamente la libertad de cátedra hasta que me tocó estudiarla.

Ahí andaba una servidora comenzando a familiarizarse con los primeros textos legales y sentencias, cuando aprendí que la libertad de cátedra se definía como “una proyección de la libertad ideológica y del derecho a difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones de los docentes en el ejercicio de su función”.

Así lo acuñó el Tribunal Constitucional en su sentencia 217/1992 de 1 de diciembre de 1992, y desde entonces el concepto de libertad de cátedra ha ido evolucionando. Ya sea ampliando el abanico de quienes ejercían inicialmente tal libertad, los profesores universitarios y, en su escala más alta, los catedráticos, o bien estableciendo los límites de su ejercicio, que no son otros que el respeto a los otros derechos fundamentales como pueden ser el honor o la intimidad, y por supuesto, al resto de leyes del ordenamiento jurídico.

Pues bien, desde el pronunciamiento del Constitucional hasta ahora, la evolución de la libertad de cátedra ha sido ingente, porque cada vez encuentro más catedráticos sentando cátedra (disculpen la cacofonía) y, desde luego, no pertenecientes al entorno académico.

Así, a modo enunciativo, que no limitativo, no hay más que darse una vuelta por los bares de esta España nuestra para toparnos con expertos emitiendo dictámenes desde ese púlpito sagrado que es la barra de un bar, y siendo los parroquianos habituales el respetable al que dirigirse.

Aunque estos expertos tienen conocimiento de todas las materias, ya sea la cesta de la compra, el racismo o la física cuántica, los temas de exposición suelen ser los habitualmente conocidos como objeto de discusión y, entre ellos, la política sigue siendo la categoría reina imbatible.

Por supuesto, el tema central es el gobierno de turno, y ahora el actual Gobierno en funciones, fuente de todo mal y desgracia sobre la faz de la tierra. Palabra de experto.

El tema central es el gobierno de turno, y ahora el actual Gobierno en funciones, fuente de todo mal y desgracia

A buen seguro que me influye cierta deformación profesional, pero en los últimos tiempos oigo a los expertos repetir continuamente, a modo de mantra, un categórico “la ley está mal” para referirse a la ley trans y a la ley del ‘solo sí es sí’; dos normas que han sido objeto de debate desde antes de su aprobación, y con suficiente envergadura para que su aplicación por jueces y tribunales requiera un tiempo importante de análisis.

Pues bien, los expertos afirman que “están mal”, sin más, y en el nivel avanzado sacan la ametralladora de la demagogia y la ofensa.

No se plantean reflexionar sobre el criterio de los juristas y especialistas nacionales e internacionales en violencia de género que han fundamentado la necesidad de la ley del ‘solo sí es sí’ incluso con las modificaciones que sean requeridas, ni recuerdan los casos en los que no hizo falta la mejora técnica de los fallos de la ley para que los tribunales decidieran esquivarlos y aplicar la norma en pro del bien común, tal y como sucedió en el año 2006 con la doctrina Parot acuñada por el Tribunal Supremo, y de nuevo en 2015 con la reforma del Código Penal en materia de delitos de terrorismo, aprobada bajo Gobierno de Mariano Rajoy. Parece ser que entonces las leyes no estaban mal.

Tampoco reparan las catedráticas del pensamiento único feminista que embisten contra la ley trans y quienes se benefician de ella, por entender que atacan el núcleo de su lucha, en que los jueces encargados del Registro Civil responsables de la aplicación de la ley explican una y otra vez que los intentos de fraude se detectan en cuanto entran por la puerta del Registro, y que los hombres cisgénero que intentan cometerlos son reconocidos y apercibidos de inmediato por los jueces. Que para eso están y conocen su oficio.

Más allá de estos dos temas, caldo de cultivo de moda para opinadores y expertos de toda condición, no puedo por menos –y por la parte que me toca– que hacer alusión a los grandes conocedores en materia de extranjería que afirman con desdén la existencia de grandes privilegios que los extranjeros tienen en España.

Aunque solo sea a modo de detalle, igual es bueno tener en cuenta que, de nuevo y recientemente, el Tribunal Supremo ha tirado de las orejas al poder legislativo, y por ende al ejecutivo, por el contenido de la norma española que desarrolla la materia de extranjería y dispone que los extranjeros residentes en España no pueden permanecer fuera del país más de seis meses si quieren renovar su residencia, aun cumpliendo con el resto de las obligaciones derivadas de residir en España. Entiende el Tribunal que dicha norma vulnera el derecho fundamental a la libre circulación y contraviene la normativa europea e internacional en Derechos Humanos, instando a modificarla de inmediato. Casi nada.

El TS ha tirado de las orejas al poder legislativo, y por ende al ejecutivo, por el contenido de la norma española en materia de extranjería

De racismo ni hablamos, porque los especialistas en el tema (ninguno racializado) niegan que exista siquiera, y de suceder, como es algo puntual, no es tan relevante. Así, como suena.

No es de extrañar entonces que sea habitual que solo se oigan sus voces cuando los expertos en estas, otras y todas las materias emiten sus dictámenes incontestables, rozando o incluso atravesando los límites de la buena educación, el respeto y hasta del delito, y si en el mismo lugar hay algún catedrático de verdad, normalmente suele estar callado y escuchando entre la sorpresa y el estupor.

Quizá es porque quienes ostentan cátedra por derecho, y la ejercen, son conocedores de su importancia y los límites que conlleva. Quizá.

Por eso, digo yo que no estaría de más fundamentar las opiniones cuando interesa que sean tenidas en cuenta de forma pública y notoria, pero si es mucha molestia, con no inventar, ofender o calumniar sería un buen comienzo.

Y de lo contrario, zapatero a tus zapatos. Y la cátedra, para los catedráticos.