Ante el inminente regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la máxima prioridad del gobierno de Biden en sus últimos días debería ser el desmantelamiento de las armas más peligrosas del arsenal del poder ejecutivo. La más obvia de ellas se refiere a las competencias bélicas del presidente, en particular a la potestad sobre el despliegue nuclear. Sin embargo, Trump tendrá a su alcance otro sistema de coerción que se ha descuidado en la conversación sobre cómo sería un régimen autoritario en toda regla en Estados Unidos: la vasta infraestructura nacional de vigilancia digital y, lo que es más crucial, su amplia capacidad de vigilancia genética en continua expansión.

El pasado mes de mayo, mi organización, el Center on Privacy & Technology de la Universidad de Derecho de Georgetown, publicó Raiding the Genome, un nuevo informe que revela el programa de recogida masiva de ADN que está llevando a cabo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Descubrimos que en los últimos cuatro años, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Patrulla de Aduanas y Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés) tomaron el ADN a más de 1,5 millones de personas. Esto es casi cincuenta veces el número de muestras que recogieron en todos los años anteriores juntos, un aumento de aproximadamente el 5.000 %.

Este aumento radical se debe a un cambio que el primer gobierno de Trump hizo a las normas que rigen las competencias en materia de recogida de ADN del DHS. Las antiguas normas otorgaban al DHS cierta discrecionalidad para limitar el tamaño y el alcance de su programa de recogida de ADN de acuerdo con las prioridades operativas y los recursos del departamento. Según la nueva norma, que se ultimó a finales de 2019 y entró en vigor en 2020, el DHS está obligado a tomar el ADN de cualquier persona que detenga el organismo, aunque sea muy brevemente. En el contexto de la inmigración, una “detención” puede significar cualquier cosa, desde una breve retención en un aeropuerto hasta meses o años de encarcelamiento, y a cualquiera puede ocurrirle que un solo agente del ICE o de la CBP piense que podría estar violando las leyes de inmigración (algo sobre lo que los agentes del ICE y de la CBP a menudo se equivocan, como lo demuestra su historial de deportaciones de ciudadanos estadounidenses).

Cuando el presidente Biden asumió el cargo, su Administración podría y debería haber derogado la nueva norma. En lugar de ello, el DHS hizo todo lo posible para aplicarla. En junio de 2022, varios funcionarios de la oficina de campo del ICE en Boston informaron al Center on Privacy & Technology de que la nueva política “llevaba implementándose al 100% sobre el terreno desde hacía aproximadamente dos años”.

Cuando el DHS toma una muestra de ADN de una persona, el FBI extrae un perfil genético individualizado y lo añade a la base de datos nacional que la policía utiliza para la aplicación de la legislación penal. Las muestras originales se conservan y almacenan indefinidamente, y el marco jurídico que limita lo que el gobierno federal puede hacer con esas muestras es sumamente deficiente.

Esto debería escandalizar a la opinión pública por varias razones.

En primer lugar, el gobierno apunta a los inmigrantes, un grupo vulnerable y políticamente marginado, compuesto predominantemente por personas racializadas, y los utiliza para llevar a cabo un experimento de vigilancia biológica masiva. El ICE y la CBP están explotando el desequilibrio de poder radical inherente a cada interacción que una persona tiene con las autoridades de inmigración, al tiempo que utilizan el engaño y la intimidación para conseguir que la gente se someta a la recogida de ADN. Las personas que entrevistamos para nuestro informe –individuos a los que se les tomó el ADN y abogados que representaron a los que lo hicieron– nos dijeron que el ICE y la CBP a menudo ni siquiera informan a la gente cuando les toman el ADN. Por consiguiente, la gente a menudo da por sentado que el hisopo es una prueba de drogas o de covid. En algunos casos, los funcionarios amenazan directamente a las personas o mienten descaradamente sobre la finalidad del frotis. Mediante estas técnicas, el DHS obliga cada día a miles de personas a entregar su material genético y utiliza sus muestras para crear una enorme base de datos genéticos dominada por perfiles de comunidades negras y mestizas.

En segundo lugar, el programa del DHS funciona de forma muy parecida e incentivará una especie de detención y cacheo genómico, ya que un amplio abanico de organismos policiales locales, estatales, federales e incluso internacionales tienen ahora acceso a los perfiles de ADN de cientos de miles de personas que fueron obligadas a entregar su material genético sin el debido proceso y sin ninguna justificación penal. Cuanto más recurra la policía a una base de datos genéticos en la que las personas racializadas y las que no tienen la ciudadanía estadounidense están desproporcionadamente representadas, más recursos policiales se gastarán en comunidades en las que ya existen pautas bien documentadas de actuación policial violenta y racista. En muchas jurisdicciones, la policía también está directamente implicada en la aplicación de las leyes de inmigración, lo que duplica la amenaza para las comunidades de inmigrantes negros y mestizos. Existe un riesgo real de que, en esos lugares, la policía asuma la autoridad para tomar muestras de ADN de las personas en nombre de las autoridades de inmigración. Florida ya ha aprobado una ley que lo exige.

Por último, en virtud de la Cuarta Enmienda, este programa es inconstitucional. La única limitación que la nueva normativa impone al poder del DHS para tomar ADN de una persona es que previamente tiene que ser “detenida”. Pero el DHS no necesita obtener la aprobación de ningún árbitro independiente para detener a alguien. Sólo tienen que tener cierto grado de sospecha de que una persona pudiera haber infringido las leyes de inmigración. Esta es la razón clave por la que para el gobierno es mucho más rápido construir la base de datos de ADN utilizando las competencias en materia de inmigración frente a las competencias en materia de policía judicial. Puesto que no existe un sistema para revisar cada decisión que toma el DHS para detener a alguien, el programa de recogida de ADN no cumple con el requisito mínimo establecido por el Tribunal Supremo en Maryland v. King, un caso de 2013 que permitió a la policía tomar ADN basado en un “arresto apoyado por una causa probable de detención por un delito grave”. Maryland v. King ha sido ampliamente ridiculizado por su temerario razonamiento jurídico, pero el programa del DHS no supera ni siquiera la muy permisiva prueba de ese caso.

Por desgracia, los atroces abusos e infracciones constitucionales del DHS representan las mínimas amenazas del programa. El ADN contiene los datos personales más confidenciales de una persona. Puede revelar toda la composición genética y los antecedentes hereditarios de una persona (lo que incluye información que puede correlacionarse con la raza y la etnia), su sexo biológico y otros rasgos físicos, incluso su propensión a ciertas enfermedades. Y, por supuesto, el ADN puede utilizarse para demostrar relaciones familiares. El gobierno sólo necesita muestras de una pequeña fracción de una población determinada para establecer una amplia vigilancia genética sobre esa población.

Es imposible entender el significado y las posibles consecuencias de las prácticas de recogida de ADN del DHS sin comprender lo profundamente arraigada que está la racialización de los inmigrantes en la historia de la política de inmigración estadounidense. Desde la Ley Page de 1875 y la Ley de Exclusión China, dirigidas contra trabajadores chinos, japoneses y de otros países asiáticos, hasta el internamiento de más de 100.000 personas de ascendencia japonesa en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, pasando por NSEERS –el programa posterior al 11-S que sometió a vigilancia e interrogatorios a personas procedentes de países principalmente musulmanes–, las competencias en materia de inmigración han sido a menudo el vehículo mediante el cual el gobierno federal ha aplicado políticas de opresión racializada. Esta es la genealogía histórica de las dos políticas que más han definido el primer mandato de Trump: la crisis de la separación familiar y la “prohibición musulmana”.

Trump lleva más de una década expresando abiertamente una visión eugenista del mundo

Con ese telón de fondo histórico, el carácter del momento político actual hace que la amenaza de una base de datos como la que el DHS está ayudando a construir sea aterradoramente vívida. El presidente electo, cuya primera administración fue responsable de la creación del programa del DHS, lleva más de una década expresando abiertamente una visión eugenista del mundo. En un discurso de campaña el año pasado, afirmó que “los inmigrantes están envenenando la sangre de nuestro país”, y durante una aparición en un programa de entrevistas en octubre declaró: “Ahora mismo tenemos un montón de genes malos en nuestro país”. Imaginen el material genético de decenas de millones de personas en manos de un poder ejecutivo que ha llegado al gobierno utilizando esta retórica. Imaginen a la policía federal de inmigración, armada con kits de recogida de ADN, siguiendo las órdenes de un presidente que considera de forma explícita que la autoridad ejecutiva está por encima de cualquier restricción legal.

El presidente Joe Biden cometió un peligroso error existencial al dar vida al plan de Trump de crear una brigada federal de recogida de ADN

El presidente Joe Biden cometió un peligroso error existencial al dar vida al plan de Trump de crear una brigada federal de recogida de ADN. Antes del día de la toma de posesión, debería poner fin al programa y ordenar la eliminación de los perfiles de la base de datos creados en virtud del mismo, así como la destrucción de cualquier muestra genética conservada. Independientemente de quién sea el presidente, no se debe permitir que el gobierno se dedique a la vigilancia biológica global de la población de este país. Basándonos en los resultados de nuestra investigación, no podría estar más claro que esa vigilancia global es exactamente lo que el programa del DHS pretende conseguir. Debería ser algo a lo que todo el mundo, independientemente de otros compromisos políticos, viera la necesidad de resistirse. La privacidad, la seguridad y los derechos civiles de todas las personas están implicados en este programa, acabe o no su propio ADN en la base de datos. Nunca ha sido tan literal la necesidad de solidaridad. La única forma de defenderse frente a la vigilancia genética masiva es defender a todos los demás.

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Traducción de Paloma Farré.

Este artículo se publicó originalmente en Truthout.

Emily Tucker es directora ejecutiva del Center on Privacy & Technology de Georgetown Law, donde dirige un programa de investigación y defensa dedicado a denunciar y oponerse a la vigilancia gubernamental y empresarial en la era digital.