Mientras todas las miradas se concentraban en los tiras y aflojas de la crisis griega, la gran coalición a la alemana que rige de facto esta legislatura en el Parlamento Europeo (populares y socialistas) ha vuelto a ponerse de acuerdo. Tras la guerra de enmiendas y contraenmiendas que hizo imposible la votación de hace un mes, la Eurocámara ha fijado sus líneas rojas de cara a la negociación entre Washington y la Comisión Europea sobre el Acuerdo Trasatlántico de Inversión y Comercio entre la UE y EEUU (TTIP por sus siglas en inglés). La izquierda europea y los verdes vuelven a acusar a los socialdemócratas de traición; éstos replican que se ha alcanzado el mejor acuerdo posible. La resolución fue aprobada el 8 de julio por 436 votos a favor, 241 en contra y 32 abstenciones

A la segunda fue la vencida. Si hace un mes la gran familia socialdemócrata europea se presentó dividida a la votación tras varios giros copernicanos de última hora después de intentar pactar a diestra y a siniestra, en esta votación hubo algunas deserciones de eurodiputados franceses, belgas, austriacos y laboristas británicos. La bancada española socialista votó a favor de la resolución después de que el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, pactara los aspectos más polémicos con los populares. Ésta es una resolución de alto significado político que ha quedado relegada en la agenda mediática por la crisis griega. Una tormenta perfecta que ha sido la mejor aliada para que populares, socialistas y liberales vuelvan al redil de la concordia sobre un asunto muy controvertido.

El punto caliente de las negociaciones son los tribunales de arbitraje privados, los denominados ISDS. Estos tribunales ajenos al derecho ordinario ya operan en tratados de libre comercio o de inversión entre diferentes países o regiones del mundo con el propósito de proteger a los inversores ante cambios en las legislaciones públicas potencialmente lesivos para sus intereses en ámbitos tan dispares como el medio ambiente, los estándares sanitarios, los derechos laborales o posibles expropiaciones.

Uno de los tribunales más conocidos es el CIADI, dependiente del Banco Mundial. Estos arbitrajes fuera del derecho público nacional e internacional suele enfrentar a una multinacional contra un Estado. Sus partidarios defienden la necesidad de este tipo de instancias ante abusos por parte del sistema judicial en países en los que no se cumple estrictamente la separación de poderes y el inversor privado extranjero puede verse desprotegido.

Un argumento que tiene sentido en el caso de países en vías de desarrollo con un precario andamiaje democrático. Sus críticos aseguran que este sistema da la última palabra a arbitrajes privados con el veredicto final de un experto del sector, lo que a menudo da lugar a conflictos de intereses y a la indefensión total del Estado, ya que son las multinacionales las únicas que tienen derecho a efectuar una denuncia y las que tienen medios económicos para sufragar los multimillonarios costes de los procesos.

"Tan sólo estamos ante un ISDS maquillado que avala ese mecanismo en la práctica y supone un brindis al sol", denuncia la eurodiputada de IU Marina Albiol

En la enmienda sacada adelante por socialistas, conservadores y liberales se insta a "remplazar el sistema ISDS por uno nuevo" como modo de garantizar que el inversor foráneo no sea discriminado pero tampoco goce de más derechos que el nacional. Este nuevo sistema, afirma la enmienda aprobada, deberá estar sujeto "a los principios democráticos y escrutinio y los potenciales litigios deberán ser tratados de manera transparente por jueces profesionales independientes elegidos públicamente en audiencias públicas que incluya un mecanismo de apelación, dónde la consistencia de las decisiones judiciales esté asegurada".

Para la izquierda europea, aunque el texto puede contener palabras bonitas, tan sólo estamos ante un "ISDS maquillado" que "avala ese mecanismo en la práctica y supone un brindis al sol", afirma Marina Albiol, eurodiputada de Izquierda Unida.

Los socialistas, sin embargo, consideran que se ha defendido un mecanismo respetuoso con los ordenamientos jurídicos tanto nacionales como internacionales y que no debilitará la capacidad de acción de los gobiernos. A su vez, la socialdemocracia europea también se felicita de que tanto los servicios públicos europeos como la protección de los trabajadores queden reflejados en la resolución.

Para Albiol, "no debe existir ese mecanismo, los potenciales litigios deben ser juzgados directamente por los tribunales ordinarios de justicia". La Comisión Europea, que reanuda en julio las negociaciones con Washington, defiende la puesta en marcha de un tribunal internacional de apelación creado ad hoc con jueces de ambos lados del Atlántico, y puntualiza que dejar en manos de los tribunales ordinarios este tipo de demandas puede equilibrar la balanza a favor de los intereses de las empresas locales y no del inversor extranjero. Albiol critica esta falta de confianza en los sistemas judiciales europeos y puntualiza que con este sistema las multinacionales pueden llegar a ejercer "un chantaje permanente" para que los legisladores beneficien sus intereses.

La votación de la Eurocámara tiene un valor más simbólico que real. Las dos partes seguirán negociando y el Parlamento Europeo sólo tendrá la potestad de aceptar o rechazar la propuesta final por mayoría simple. Aparte de fijar líneas rojas, el papel de la Eurocámara reside también en llevar el debate a la calle en un tema peliagudo desde el punto de vista técnico pero que puede tener múltiples repercusiones en la vida ordinaria de los ciudadanos europeos.

Múltiples asociaciones civiles, ecologistas y de izquierdas llevan meses haciendo campaña contra el TTIP. La polémica continuará de cara a la votación definitiva tras el fin de las negociaciones entre las partes, aunque el debate tras esta primera luz verde del Parlamento Europeo haya quedado eclipsado por la saga griega y la propia comparecencia de Alexis Tsipras en el Parlamento Europeo.

La aprobación del Parlamento salió adelante a instancias del propio presidente de la Eurocámara, Martin Schulz, después de que la votación y el debate fueran aplazados en junio ante las divisiones de los propios socialistas europeos, especialmente de la bancada francesa, la más beligerante en el tema del arbitraje privado. Tras pactar una primera enmienda con los populares en la Comisión de Comercio Internacional y ante las protestas de la izquierda, los socialistas, enmendándose a sí mismos, presentaron una nueva enmienda que prohibía de manera expresa los ISDS. El giro no gustó ni al Partido Popular Europeo ni a los liberales y abrió grietas entre las delegaciones nacionales socialistas.

Schulz canceló la votación al alegar que el gran número de enmiendas hacía imposible el acuerdo y remitió el asunto de nuevo a la Comisión de Comercio Internacional. La izquierda consideró que el aplazamiento obedecía al miedo a una votación que evidenciara la división socialista. De hecho, no sólo se pospuso la luz verde a la resolución sino también al debate público que iba a tener lugar entre los diferentes grupos del Parlamento. 

Ahora, la izquierda vuelve a culpar a Schulz de utilizar su cargo para defender intereses partidistas. Florent Marcellesi, portavoz de Equo, denuncia "las manipulaciones de un presidente que no ha dudado en actuar de forma totalmente despótica al servicio de la Gran Coalición".