Si uno lee la prensa o escucha los medios públicos y concertados, puede llegar a la conclusión de que el hecho de que el Parlament haya admitido a trámite una declaración de independencia es, en efecto, algo muy gordo y poco frecuente. Si bien, y aquí empieza este artículo propiamente, eso es exactamente lo que no está sucediendo.

La pretendida declaración de independencia, que tanto parece alterar a algunos tramos del independentismo catalán y, en su totalidad, al nacional-constitucionalismo español, es más bien una declaración de intenciones. Literalmente. Es decir, el Parlament Català anuncia, mediante la aprobación de esa declaración de intenciones, su intención de iniciar un proceso hacia el Estado propio. Esa declaración de intenciones es un hecho burocrático –y aquí hay que darle la razón a nuestro Ilustre Colegio de Tertulianos, siempre tan despierto y sagaz en los últimos treinta y pico añosZzzzz- ciertamente único en el mundo. Pero en la dirección opuesta a la señalada entre aspavientos. Ningún proceso de independencia comienza –o, al menos, jamás ha comenzado-- con una declaración conforme algún día declararas que te declararás independiente. La singularidad de este documento único en el mundo es mayor si analizamos, con criterio CSI, el título que le ha dado a la cosa la presi del Parlament cuando colgó la cosa en Twitter y se peló la tarifa plana. Mientras lo tecleo –es un poco largo-, pueden aprovechar para ir al lavabo o fumarse un pito. Yo, snif, no podré, que necesitaré ambas manos.

Ahí va. “Proposta de resolució sobre l’inici del procés cap a l’estat català” /propuesta de resolución sobre el inicio del proceso hacia el Estado catalán". Se trata, como pueden observar, de una alocución demasiado larga –declaración de independencia es, si se fijan, muy canija-, para significar algo concreto. Por el mismo precio, también es algo demasiado poco funcional –declaración de independencia es zen, meridiano, claro-, como para adivinar su función. Por otra parte, no es una novedad o un giro inesperado en este “desafío” u “órdago”, como les gusta referirse a los profesionales del caso residentes en Madrid, sino un animal de compañía ambiguo, que nos acompaña desde hace meses sin molestar mucho. Como un chifonier, ese mueble ambiguo. Te puedes pasar horas en una habitación con un chifonier sin dar con el chifonier. El éxito de lo ambiguo es que nadie repara en ello.

En efecto, la medida existe por escrito desde marzo de 2015, y estaba en el programa electoral de Junts pel Sí. Sí. Es cierto, estaba destinada a otra coreografía. La idea inicial es que un flamante y reelegido President Mas la expusiera en el Parlament. Y, supongo, luego fuera objeto de negociación con el Estado a cambio de un referéndum –o de menos, de los atributos de Estatut del Tripartit: nación, blindaje de competencias y financiación; se sabe que estas son las tres pretensiones de CDC en su tramo all-stars--. También cabe suponer que la función de la medida, votada o no, fuera ser rechazada por el TC, directamente y sin pasar por la casilla de salida, y que la onda expansiva de indignación durara hasta el 20D, y mantuviera viva y líder a CDC hasta esa fecha en la que, todo apunta, algo se podrá negociar con el nuevo Gobierno.

La función de esa declaración era, en fin, reproducir otro tramo el Procés1.0. A saber: si el Procés1.0 era una iniciativa del Ejecutivo consistente en ir promoviendo jalones hacia el Estado propio, que se iban volatilizando conforme el Tribunal Constitucional iba mandando parar, el Procés2.0, inaugurado el 27S, tenía previsto ser lo mismo, pero a través de la iniciativa del Legislativo, esa cosa que por aquí abajo no acaba de existir. Esta declaración, tal vez, iba a ser el primer documento solemnemente desintegrado por el TC, sobre el cual se iba a elaborar la propaganda subsiguiente, que daría un respiro a CDC para seguir con lo que lleva entre manos desde 2012: ir tirando, intentar su refundación, e ir improvisando con la refundación a la baja de la Democracia, esa cosa que, cuando es sin bienestar, ya es otra palabra. No ha podido ser. Y aquí, en verdad, empieza lo novedoso del asunto. No se lo pierdan.

Lo novedoso de la resolución es que no sólo no la leerá el President Mas, sino que es una consecuencia de que Mas no sea President. Parece estar claro que la aprobación de esta resolución, antes de la elección de President, es una imposición de las CUP en las negociaciones con Junts pel Sí. Unas negociaciones, por otra parte, de las que se sabe oficialmente poco. Al parecer, por ejemplo, las CUP no votarán jamás a Mas, pero está abierto a votar a otra persona de Junts pel Sí. El presidente del grupo parlamentario, Antonio Baños, ha insistido en que su 'no' seguirá vigente "en todas las declinaciones posibles". Y se sabe que, por ahora, en Junts pel Sí no hay fisuras. Es decir, nadie se plantea seriamente prescindir de Mas. Ese líder coyuntural, transitorio, que ocupaba la jefatura de CDC momentáneamente, hasta que Oriol Pujol –desaparecido en combate por la corrupción estructural de CDC y de su familia-- la reclamara, aún es percibido o necesitado como líder por CDC --ese partido vertical que, como todos los partidos locales, o tiene un líder o se cae al suelo-- y, por lo visto, por el resto de partidos, asociaciones e individualidades que conforman Junts pel Sí.

La resolución sigue siendo una iniciativa programática de Junts pel Sí. Posee, por tanto, la misma honestidad –un concepto básico, si bien poco utilizado, para evaluar políticas peninsulares--, que sus partidos emisores

El secretismo de las negociaciones impide evaluar la nueva poética de la resolución que está previsto que se apruebe antes del pleno del día 9 de noviembre. ¿Sigue siendo un objeto propagandístico? ¿Posee alguna función nueva? ¿La resolución sigue siendo un brindis al sol, para consumo interno y sensible de ser rentabilizada propagandísticamente por un Ejecutivo que, por ahora, no existe?

Hay dos posibles respuestas: a) sí, y b) no. Sobre a). La resolución sigue siendo una iniciativa programática de Junts pel Sí. Posee, por tanto, la misma honestidad –-un concepto básico, si bien poco utilizado, para evaluar políticas peninsulares-- que sus partidos emisores. Desde la lógica interna del Procés, parece una pieza que encaja antes con la lógica teatral de Junts pel Sí que con la lógica rupturista de CUP. Los partidos que interpretaron las elecciones del 27S como un plebiscito -–entre ellos, las CUP-- valoraron que no se había ganado, y que eso impedía una declaración unilateral de independencia. Por lo que esta resolución no puede serlo, o suplir su rol.

Parece también que no sería positivo, en una sociedad que en su 80% valora positivamente un referéndum, pero que en su mayoría parece no optar por la independencia. Por otra parte, iniciar un proceso de autodeterminación sin un referéndum y un trayecto democrático claro sería una baza internacional en contra. Más cosas. Es una declaración cortita, si bien su punto de interés se centra en el punto Quinto, que establece que, en el plazo de 30 días desde la aprobación de la votación, el Parlament promulgará tres leyes, en efecto, rupturistas, que fijarían que estamos en un proceso constituyente, a saber: una ley de Proceso Constituyente, una ley de Seguridad Social, y una ley que cree una Hacienda Pública. Y, aquí, es preciso señalar que esas tres leyes –-por lo visto, no existen; carecen de borrador y acuerdo-- son de difícil consenso, redacción y promulgación en el plazo de un mes. Es decir, no parece humanamente posible que existan en 30 días. Lo que es un indicio humano para pensar que la resolución no tiene previsto existir 30 días después de ser votada.

Hay datos, por tanto, para imaginar que puede seguir siendo una medida propagandística. Corroborados, también, en el bando contrario. C’s, PSC y PP, a pesar de la teatralidad dramática de su recepción de la resolución, parece que por ahora sólo está haciendo gestos teatrales y dramáticos, antes que un bloque férreo ante una amenaza de ruptura inminente. También se puede evaluar toda esa teatralidad constitucionalista, por cierto. En esta ocasión, al contrario de cuando el Plan Ibarretxe/los happy days, las formaciones unidas por la defensa del Régimen no se han podido llamar a sí mismas bloque-constitucionalista, bloque-democrático o la-unidad-de-todos-los-demócratas –en general, si se fijan, desde la reforma exprés, aquel momento en el que, como en el 76, el Régimen votó la superación de sí mismo, ninguno de esos partidos ha tenido la osadía de utilizar el palabro Democracia para mucho o poco-. Para esta crisis parecen aludir, como conglomerante de todos ellos, al concepto Ley, o al inquietante concepto vintage Unidad Nacional.

Sobre b). La posibilidad de que esta nueva coreografía se traduzca en un proceso constituyente, una desobediencia política aplazada, en todo momento desde 2012, o un hecho no propagandístico, parece venir del azar. Es decir, que la propuesta a votar suponga una contradicción inquietante y llamativa en Junts pel Sí y en el Gobierno, que obliguen a esos dos colectivos de mamíferos a hacer algo inesperado, de consecuencias inesperadas.

La posibilidad de que esta nueva coreografía se traduzca en un proceso constituyente, una desobediencia política aplazada, en todo momento desde 2012, parece venir del azar

En ese sentido, la propuesta ha creado serias contradicciones en CDC. El viernes, aparecía en La Vanguardia un objeto informativo novedoso que parecía orientar la opinión en esa dirección. Se trataba del chivatazo de una reunión del Consell de Govern de la Generalitat, presidido por Mas. En esa reunión quedaba claro que el grueso del Consell/las élites de CDC no son independentistas, que aceptan el Procés en tanto lo puedan modular, que no lo están modulando desde el 27S y que prefieren no modularlo a convocar unas elecciones anticipadas –-anticipadas al 20D, se sobreentiende--.

Otro dato importante de ese artículo es que el Gobierno Mas –el Govern dels Millors, fue su primer nombre artístico; los mejores de cada disciplina, cracks en lo suyo que, colegiadamente, son ya la pera- tiene serios problemas con la vida cotidiana en el siglo XXI.

Verbigracia: para discutir la resolución, que estaba en las redes desde la mañana del día en el que transcurría el Consell, tuvieron que ir a buscar una copia física y fotocopiarla. Ese desconocimiento del documento indica, por otra parte, su carácter anecdótico. O el poco compromiso que CDC puede tener con él. Pocos días después de que se hiciera pública esta información, las élites de CDC cerraron filas en torno a su President y a la resolución. Si se quería que Junts pel Sí y CDC estallaran con ella, parece ser que no será así. La sensación es que CDC apoyará lo que sea para llegar hasta el 20D viva, para intentar ganar a ERC –no se volverá a repetir Junts pel Sí, una coalición con los días contados-, y para, pese a todo, intentar volver a dominar el Procés. Algo que empezará con el dominio de la resolución. Es decir, con su desactivación/rentabilización propagandística. Es difícil imaginar que un partido no independentista la utilice para fabricar un nuevo Estado, en todo caso.

¿En qué consistiría, a su vez, una contradicción gubernamental? Consistiría en que el Gobierno de un Estado en franca crisis económica y democrática, crisis de ciclo y crisis de Régimen, se empleara contra el Parlament con una fuerza democrática que no posee, y adoptara medidas radicales y pasadas de madre, como la supresión de la autonomía. Es difícil saber lo que pasará después de la votación de la propuesta. Es posible que nada, nuevamente. Pero no es fácil saber lo que puede pasar tras un movimiento de fuerza del Gobierno. Es posible que todo.

Bueno. Les dejo. Seguimos, básicamente, donde estábamos. En un absurdo barroquismo catalán y español, provocado por la imposibilidad de un referéndum democrático y sencillo como un botijo. Empieza a haber una industria informativa, un Régimen, una lectura de España y de Catalunya que, para seguir existiendo, necesita que ese referéndum nunca se haga.