En uno de los episodios del Quijote, el titiritero Maese Pedro representa la historia de una esposa cautiva de un rey moro que finaliza con una persecución de los liberadores por parte de los sarracenos. En ese momento, don Quijote, en uno de sus arrebatos,   destruye todo el tinglado arremetiendo contra el teatrillo y los que manejaban los títeres.

Nadie pone en duda que el Quijote es una obra imperecedera y lo demuestra el hecho que acabamos de vivir en Madrid, pensaba poner  en nuestro país, pero sería injusto, porque en otras latitudes el suceso habría pasado desapercibido.

Resulta desalentador que un espectáculo de títeres origine un verdadero terremoto acompañado de numerosas, variadas y hasta pintorescas réplicas. El debate, a ser posible argumentado y sólido, sobre lo adecuado o inadecuado de la representación me parece lógico y sano. Lamentablemente la enervación  y la furia de los guardianes de las esencias ha llegado a resultar grotesca.

En la vorágine dialéctica, algunos políticos y organizaciones pierden el sentido de la realidad y aprovechan el griterío para emprender acciones disparatadas, como pedir el encarcelamiento de la Alcaldesa por cooperadora necesaria de un delito de apología del terrorismo. Pocas veces un dislate ha alcanzado tales cotas de insensatez.

Se utiliza la natural controversia como ariete político para descabalgar a una Regidora municipal, legítimamente elegida por voto popular, con el único propósito de pescar en río revuelto. Instalado en el disparate y en el atropello a la razón,  un juez de la Audiencia Nacional  decretó , a petición del Ministerio Fiscal,  encargado de velar  no sólo por la legalidad sino por la defensa de los derechos de los ciudadanos entre los que se incluye la libertad de expresión,   la prisión, incondicional y sin fianza, de los dos titiriteros  que habían representado la obra ante un público quizá inadecuado, aunque sostienen que habían avisado a los padres de la dureza de su contenido. Desde mi punto de vista la falta de razonabilidad  y de lógica de la resolución judicial la convierte en un disparate jurídico difícilmente asumible, no solamente por la comunidad científica sino por la mayoría de los ciudadanos, que contemplan asombrados el tinglado de la antigua farsa.  

En nuestro Código Penal y en muchos otros, se ha instalado, no sin ciertas críticas, la figura delictiva de la apología del terrorismo, que castiga el ensalzamiento o enaltecimiento de dichos delitos o de quienes hayan participado en su ejecución, incluyendo en la conducta delictiva a los que realicen actos que entrañen descrédito,  menosprecio o humillación a las víctimas.

 En el ámbito del derecho penal, en el que se impone una interpretación siempre restrictiva, la apología sólo puede ser considerada penalmente reprochable si se considera que puede valorarse como una provocación indirecta a la comisión del delito de terrorismo.  

Existe unanimidad en los profesores de derecho penal en considerar que existen grandes problemas de concreción para delimitar esa frontera imprecisa entre el enaltecimiento, como expresión del derecho a la libre expresión, y la figura criminal de la apología. Cuando se acordó, en el seno de la Unión Europea, la posibilidad de incluir la apología del terrorismo como conducta delictiva, la Decisión Marco 2008/99 del Consejo  advirtió: "La expresión pública de opiniones radicales, polémicas o controvertidas sobre cuestiones sensibles, incluido el terrorismo, queda fuera del ámbito de la presente Decisión Marco y en especial de la definición de provocación a la comisión de delitos de terrorismo”.

 La irracionalidad de la decisión judicial ha quedado clara cuando nadie ha discutido que la controvertida cartulina en la que se ponía ‘Gora Alka-Eta’ la colocaba un policía corrupto para incriminar a uno de los personajes de la trama, lo que eliminaba   cualquier posibilidad de ser considerada como una apología directa o indirecta del terrorismo.

La prisión es una medida absolutamente desorbitada que desborda los límites legales ya que no existía ni riesgo de fuga ni de destrucción. El Fiscal de la Audiencia Nacional añadió, como argumento para justificar su petición de prisión incondicional, la posibilidad de que se repitiesen las conductas criminales. Fundamentación alambicada e inconsistente porque, en primer lugar, necesitarían sus herramientas de trabajo, que les han sido confiscadas, y en segundo lugar, una autorización para representar la misma obra  en un espacio público, sin perjuicio de los obstáculos que le pondría un empresario privado. 

Si el Ministerio Fiscal considera que es un fundamento sostenible tendría que generalizarlo  y solicitar siempre la prisión, por ejemplo, de los acusados de blanqueo de dinero porque es mucho más probable, yo diría que casi seguro, que, puestos en libertad, seguirían con sus maniobras delictivas para sustraer su patrimonio a las posibles responsabilidades civiles.  

En fin creo que no merece la pena perder demasiado tiempo en disquisiciones y argumentos jurídicos. La falta de razonabilidad   está más que acreditada.  La prisión no solamente es injusta sino que ha conmocionado a gran parte de la sociedad española por considerarla desmesurada. Es tan irracional y contraria a los valores fundamentales y esenciales de una democracia que la cuestión  ha traspasado nuestras fronteras y  ha pasado a ser objeto de debate e información en la prensa extranjera. 

El juez, por imperativo legal, está obligado a levantar inmediatamente la prisión sin perjuicio de cuáles sean los derroteros  de la investigación. Cuando termino de escribir estas líneas me llega la noticia de que el Ministerio Fiscal ha recapacitado y solicita la libertad, si bien con unos condicionamientos absolutamente innecesarios. El retablo de Maese Pedro podrá seguir contando, como dice la canción de Joan Manuel Serrat, sus sueños y sus miserias.