El 1 de octubre, CTXT abre nuevo local para su comunidad lectora en el barrio de Chamberí. Se llamará El Taller de CTXT y será bar, librería y espacio de debates, presentaciones de libros, talleres, agitación y eventos culturales de toda índole. Puedes hacerte socia/o en este enlace y tendrás descuentos de hasta el 50% en todas las actividades.

El PSOE acaba de presentar su “Propuesta para un programa común progresista”, o lo que es lo mismo: 370 medidas con las que pretende ganarse a la opinión pública y que promete aplicar en caso de poder formar gobierno. Un documento plagado de abrazos de oso a los dos movimientos sociales con mayor tirón mediático, donde la palabra “feminismo” aparece en un lugar destacado y que pretende dar respuesta a las exigencias del movimiento mientras falsea debates. 

Durante los últimos años el feminismo se ha ganado por méritos propios el derecho de situarse en el centro del debate político: nada puede ya pasar por transformador (o, si se quiere, por progresista) sin incorporar alguna de sus propuestas. El PSOE lo tiene claro, y por eso destina casi la mitad de su documento (34 páginas de un total de 76) a un epígrafe titulado “Feminismo, lucha contra la desigualdad y calidad democrática”. 

¿A qué se debe este interés desmedido en venderse no solo como feministas, sino como representantes de los anhelos del feminismo? Lo cierto es que, desde los años ochenta, el PSOE ha focalizado en el movimiento de mujeres buena parte de su estrategia de legitimación social, buscando construirse una imagen vinculada al mismo. Con la profundización de la crisis social y económica abierta en 2007-2008 y el progresivo abandono de lo poco que en el partido quedaba de socialdemocracia para abrazar irreversiblemente el socioliberalismo, el PSOE se encontró en una encrucijada: su fachada social se contradecía con sus políticas económicas. La solución que encontró fue la de separar artificialmente lo uno de lo otro. Como si fuera posible hacer de “la igualdad, nuestra seña de identidad” –según el documento– mientras se ejecutan recortes presupuestarios y no se afrontan reformas estructurales.

 1. Omisiones

De las 370 medidas incluidas en la propuesta de programa progresista, apenas 27 entran dentro del subíndice de “agenda feminista” y la perspectiva de género es inexistente o muy endeble en el resto de bloques. No se habla de ello en cuestiones de vivienda, pensiones, ni sanidad, a pesar de la existencia de análisis y propuestas feministas suficientemente fundamentadas y con amplio apoyo social para todos esos campos. El derecho a pensiones contributivas dignas para las mujeres que han dedicado su vida al trabajo de cuidados no remunerado, la paralización de desahucios en casos de familias monomarentales o encabezadas por mujeres, o la aplicación de medidas reales para luchar contra la violencia obstétrica y contra el cuestionamiento de las decisiones de las mujeres embarazadas brillan por su ausencia. Resulta curioso, por otro lado, ver cómo la medida estrella en administración de justicia es la reforma de la legislación penal “para hacer que el consentimiento sea clave en los delitos sexuales”, algo que ya recoge la legislación actual. Lejos de visiones punitivistas, el problema, y esto el movimiento feminista lo sabe muy bien, no está en las leyes sino en los jueces que las interpretan.

Sí aparecen algunos puntos en el apartado de políticas educativas, aunque la única propuesta centrada en el ámbito universitario (la gratuidad para mujeres del primer año de las carreras científico-tecnológicas) parece haber entendido muy poco de los motivos reales de la brecha de género y de cuáles son las preocupaciones prioritarias de las estudiantes. Quizá el PSOE debería echar un vistazo a las campañas contra el abuso de poder, el acoso sexual y la inmunidad académica por parte de profesores que se han puesto en marcha los últimos años en varias universidades, o a las diferentes iniciativas impulsadas por colectivos feministas para que se cumpla con la normativa existente, según la cual todas las universidades públicas deberían contar con un protocolo de lucha contra el acoso sexual y la discriminación por razón de sexo o género. O quizá, simplemente, debería dejarse de parches inútiles y hacer caso a la exigencia de bajada generalizada de tasas universitarias, acabando con las falsas soluciones meritocráticas que no hacen sino esconder la discriminación clasista en el acceso al estudio de todas.

Algo similar ocurre en cuestión de empleo. No hay mención a la estratificación sectorial de los trabajos, a poner freno a la precarización radical de aquellos más feminizados, a prohibir la subcontratación generalizada de servicios de limpieza en hoteles y similares… ni a la derogación de la reforma laboral aprobada en 2012 y de la que se derivan buena parte de nuestras lamentables condiciones de trabajo por más que Sánchez lo prometa en ruedas de prensa. Sí aparece reflejada una de las exigencias más repetidas por el movimiento feminista durante el último año: la integración inmediata de las trabajadoras del hogar en el régimen general de la Seguridad Social (lo que de facto implicaría la derogación de la enmienda 6777, que pese a ello no aparece siquiera mencionada) y la ratificación del convenio 189 de la OIT. Un compromiso que llega tarde (¿dónde estaba esta voluntad durante la aprobación de los últimos presupuestos generales y por qué no se aprobó en la legislatura pasada?) y que resulta poco creíble sin ir acompañado de medidas concretas para acabar con la exclusión social y laboral de las mujeres migrantes.

2. Confusiones

La masividad del movimiento feminista y su capacidad para llevar al centro del debate político sus propuestas puso en jaque la estrategia del PSOE de legitimación a través del feminismo. Las socialistas (pues no caigamos en el error de presuponer hombres donde hay mujeres) han tardado dos años en reaccionar, pero al fin lo han hecho. La respuesta era fácil: si no podían obviar ni sustituir al movimiento, tenían que entrar en él y desarticular su potencial explotando sus contradicciones.

El primer intento llegó hace un año a través del debate sobre el trabajo sexual. “Este es un gobierno feminista, partidario de la abolición de la prostitución”, afirmaron la ministra Valerio y Pedro Sánchez. Y con esa simple frase, que expulsa del feminismo no sólo a las trabajadoras sexuales sino también a todas aquellas mujeres que entendemos la complejidad del debate y sostenemos posturas proderechos, el PSOE abrió una etapa de injerencia y polarización del movimiento feminista. Nuria Alabao y Marisa Pérez Colina ya analizaron en este mismo medio los intereses detrás de la instrumentación partidista del abolicionismo y de la tensión innecesaria de los espacios colectivos. El Partido Socialista, necesitado de una tabla sobre la que alzarse como el más-feminista y voz política de los “intereses universales de las mujeres” (sic) ha hecho del discurso antiprostitución su bandera.

A partir de aquí, la confusión está servida. Echemos un vistazo a la propuesta programática número 69 (fina ironía). ¿Qué significa “sancionar la demanda y la compra de prostitución”? ¿No tendrá que ver, quizá, con dejar limpias las céntricas calles de nuestras turísticas ciudades mientras se obliga a las mujeres a desplazarse a áreas más peligrosas para evitar las multas a sus clientes? ¿A qué se refiere el PSOE con “promover nuevas formas de masculinidad”? Resulta cuanto menos irritante que esta fórmula (polémica, por otro lado) aparezca solamente ligada al consumo de prostitución, y no a los hábitos violentos en relaciones no comerciales ni a modelos educativos o profesionales.  Y, sobre todo, ¿cómo se pretende luchar contra la trata con fines de explotación sexual sin la abolición de la Ley de Extranjería y de las políticas migratorias criminales que obligan a muchas mujeres a ponerse en manos de mafias para entrar en el país, además de coartar cualquier denuncia posible por miedo a la extradición? ¿Cómo pretende el PSOE poner en el centro “los derechos de las víctimas” de prostitución forzada (propuesta número 70) negándose a diferenciarlas de quienes la ejercen libremente? Y, ¿qué se supone que les ocurrirá a las mujeres “identificadas como víctimas de trata” por la policía y los servicios sociales? (medida 71) ¿Las encerrarán en un CIE?

3. Peligros

La propuesta programática del Partido Socialista encierra una trampa: nos dice que si llega a aprobarse ya estará todo resuelto, que ellos (ellas) son quienes van a solucionar los problemas planteados por el feminismo y que la movilización ya no es necesaria. Nosotras, claro, sabemos que esto no es cierto. No es posible dar respuesta a los problemas reales y a las violencias que vivimos las mujeres sin atacar de raíz las pobrezas específicas, poner en cuestión un reparto de los trabajos que precariza y consume nuestras vidas, o sin acabar con una política migratoria que arroja a las mujeres migrantes a un círculo vicioso de exclusión institucional, social y laboral. Cabría preguntarse para quiénes quiere igualdad el Partido Socialista. Que no nos engañen los epígrafes vistosos: esto no era poner la vida en el centro.

--------------------

Julia Cámara es historiadora y activista feminista.  @Vidadebohemia