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TRIBUNA

Europa hace justicia frente a un Tribunal Supremo devaluado

El TS debe resolver sin obcecación porque el camino es solo uno: restaurar la dignidad vulnerada del Parlamento Europeo

Jesús López Medel 23/12/2019

<p>Instrumento judicial</p>

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Escribo estas reflexiones a título personal, desde una perspectiva principalmente jurídica y en mi formación de Abogado del Estado que, entre otros destinos ha trabajado ante el Tribunal Supremo (TS) español y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Este ha dictado una sentencia muy importante sobre uno de los aspectos abordados por el alto tribunal, relativo al enjuiciamiento del principal líder independentista encarcelado.

Como es sabido, se trataba de resolver la cuestión acerca de si los derechos del elegido eurodiputado Oriol Junqueras le conferían inmunidad –condición de la que disfrutan todos los electos a este Parlamento– y acerca de cuándo adquiría tal condición y qué consecuencias se derivaban. Sobre ello, el TS español había formulado una cuestión prejudicial preguntando al Tribunal de Luxemburgo. Es importante poner la sentencia en el contexto de lo que, desde un primer momento, fue el tratamiento del problema secesionista. 

Este pronunciamiento del TJUE es el primero que pone en evidencia uno de los atropellos que la Administración Judicial española ha cometido con la pretensión independentista

Este del TJUE es el primero de los pronunciamientos a nivel internacional que ponen en evidencia uno de los atropellos que la Administración Judicial española ha cometido con este tema, delicado y polémico, de la pretensión independentista. Acaso el principal y primer error fue que se intentara dar a este asunto no un tratamiento político, sino exclusivamente judicial, además desde una perspectiva criminal. Cuando el patriotismo quiere combatir otros con instrumentos penales, carcelarios y de negación de derechos humanos, produce mal resultado. 

Hay una regla básica en Derecho penal que es el llamado “principio de intervención mínima”; la utilización de esta rama jurídica punitiva debe ser lo más reducida posible para enjuiciar conductas. Justo lo contrario de lo que han hecho nuestros tribunales (AN y TS) en este asunto.

Al procés –sin perjuicio de algunas barbaridades jurídicas cometidas por el Parlament con las leyes de desconexión que sumían en la nada tanto a la Constitución como al Estatuto de Cataluña– se le dio un tratamiento puramente judicial y con extrema dureza. Se encendieron los ánimos y al nacionalismo catalán de ensoñaciones y victimismos se le opuso un aguerrido nacionalismo español que dejaba la solución en manos del sector más conservador de la Administración: el estamento judicial.

Ya entonces se cometieron dos actuaciones graves. La primera, el retorcimiento del Derecho con unas interpretaciones muy forzadas para intentar encajar en tipos penales comportamientos que no debían de tener acomodo en el Derecho Penal. El segundo error fue aún peor: la distorsión de los hechos, intentando crear un relato manipulado para hacer ver que había existido violencia, algo que no hubo por parte de los enjuiciados. 

Así, esa legión que representa la amigable conjunción de derecha y extrema derecha reiteraba ese relato con profusión; los mismos que no repudiaron nunca con firmeza el golpe militar de Tejero, en cambio, se pusieron enfáticos, severos y graves en la utilización constante del calificativo de “golpistas” a los imputados catalanistas. Se dieron a sí mismos el falso calificativo, también repetido como un mantra,  de “constitucionalistas” cuando solo se fijaban en uno de los muchos asuntos tratados por la Constitución: la unidad. Olvidaban, sin embargo,  que ese texto proclama, al mismo tiempo, el pluralismo y el reconocimiento de nacionalidades (entiéndase naciones) dentro de España.

La vista oral de enjuiciamiento ante el Tribunal Supremo siguió sus cánones, aunque hubo algo significativo: el hecho de que el Gobierno retirara la acusación por rebelión. Eso produjo algunos coletazos, como la actitud del abogado jefe de Penal, que se rebeló y se negó a aceptar lo que su cliente, el Estado, le decía. Anteponía sus ideas personales a su papel de servidor público. Su presencia en medios desafiando al Gobierno le dio notoriedad y fue fichado por uno de esos partidos patriotas. 

Frente a eso, la abogada general del Estado estudió con serenidad el asunto y asumió reflexivamente las consideraciones de la ministra de Justicia. Acertaron plenamente. En efecto, es sabido que frente a la obcecación de Llarena como instructor y a pesar de que la idea de “golpistas” había calado a base reiterar el calificativo, el Tribunal Supremo, por unanimidad, les absolvió de esa inconsistente imputación de rebeldía en la que la Fiscalía hizo el ridículo. Aquí el TS sí aplicó un principio elemental del Derecho Penal: solo puede haber condena cuando los hechos resulten convincentemente probados y encajen sin forzar nada en un tipo penal claro.  

Pero hay otro momento en el que se comete un error muy grave en relación al vicepresidente Junqueras y es lo que motiva, precisamente, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Fue la decisión del Supremo de impedir que un candidato electo a las elecciones europeas tomase posesión de su escaño. Previamente, la Junta Electoral Central le había proclamado candidato pero, como decimos, la Sala de lo Penal, presidida por el magistrado Marchena, lo impidió. Tampoco la abogada del Estado respaldó esto.

La sentencia del TJUE se refiere sobre todo al Derecho electoral, pero subyace otra idea: el derecho de participación política no debe ser restringido para los candidatos, y menos aún para los elegidos

Quienes hemos actuado como letrados ante la Gran Sala del Tribunal Europeo, compuesta por 15 miembros, nos imbuimos de la solemnidad que supone y obliga a conocer cuáles son los ejes que gravitan en el acervo intelectual del órgano jurisdiccional europeo. Y uno de ellos es la idea de que tienden a hacer una aplicación de la legislación comunitaria y de las nacionales desde un prisma de derechos humanos, facilitando mucho una aplicación extensiva de estos. La sentencia del TJUE se refiere sobre todo al Derecho electoral, pero subyace otra idea: el derecho de participación política (esencial en democracia) no debe ser restringido para los candidatos, y menos aún para los elegidos. A este derecho fundamental y de gran importancia se refiere el artículo 23 de nuestra Constitución.

La sentencia es muy clara al considerar que el Tribunal español actuó defectuosamente pues el eurodiputado Junqueras lo era desde la proclamación de los resultados electorales y, tras su proclamación, no debería haberse exigido otra formalidad. Así lo expresaba el dictamen del abogado general hace mes y medio y su criterio previo suele tener bastante peso. La sentencia pone de relieve que era improcedente exigirle más formalidades una vez elegido. Y hacerlo con un planteamiento diabólico: exigir que jurase la Constitución, pero al mismo tiempo no permitir que lo hiciera. También es llamativo el reproche a las autoridades españolas, que deberían haber consultado a las instituciones europeas sobre la inmunidad y la manera de proceder. Frente a eso, el Tribunal español vulneró los derechos y la inmunidad del eurodiputado.

Ciertamente, el TJUE (cuya vicepresidenta es española) no dice que Junqueras deba ser puesto en libertad, pero una actitud coherente en una Administración de Justicia estatal integrada en una Justicia supranacional, debería obligar a que, al menos, viaje a Estrasburgo y sea tratado como eurodiputado. Cualquier trampa que se quiera poner para evitar esto supondría convertir a España en un Estado en rebeldía y desobediente ante la Justicia europea. Ya está suficientemente desprestigiada entre nuestros ciudadanos como para continuar haciendo el ridículo en Europa. Ya se fracasó con todas las órdenes de extradición promovidas por Llarena y que fueron denegadas en Alemania, Bélgica y Reino Unido.

Las consecuencias prácticas de la sentencia no deben formar parte del acuerdo de gobierno que permita abstenerse a ERC. Bastaría con hacer efectiva una sentencia supranacional y hacer justicia para que se le dé plenamente la condición de eurodiputado. Ahora dejemos que se estudie técnicamente por la Abogacía del Estado lo que procede realizar para que el Tribunal Supremo resuelva sin obcecación aunque el camino es solo uno: restaurar la justicia y la dignidad vulnerada.

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Jesús López-Medel Báscones es abogado del Estado.

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3 comentario(s)

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  1. Lacnaru

    Si preocupante es el estado de nuestro más altos tribunales (clientelares, retrógrados, sin respeto a la CE ni a los más básicos principios legales...), no menos preocupante (para mí más por menos sospechado) es el infame silencio de la casi (por ser generosos) absoluta mayoría del estamento jurídico-legal de nuestro Estado. Ahora con el respaldo Europeo comienzan a hacerse oir voces que antes eran muy escasas criticando las tropelías y prevaricaciones que van a dar el golpe de gracia a nuestro falso Estado de Derecho.

    Hace 1 año 11 meses

  2. Francesc

    En la sentència del TJUE no se menciona ni una sola vez la condena a Junqueras, posterior a la cuestión prejudicial pero de insoslayable repercusión. Vista la respuesta en todo lo demás, cabe deducir de ese silencio que para los jueces supranacionales la condena es nula, no existe. A buen entendedor pocas palabras - o ninguna - bastan.

    Hace 1 año 11 meses

  3. Pilar L.

    La Administración de Justicia como trinchera, ¿que podría salir mal en una Democracia 'ejemplar' con separación de poderes?... Esto tiene muy mala pinta, porque los 'dueños' del cortijo no son ni fueron nunca demócratas.

    Hace 1 año 11 meses

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