La recuperación económica tras la crisis de 2008 ha dejado a la mitad de la población por el camino. Esta es la conclusión, demoledora, de la visita a España de Philip Alston, el relator de la ONU para la pobreza y los derechos humanos. El experto, que recorrió el país durante dos semanas, apunta sin tapujos a la responsabilidad de los sucesivos gobiernos –centrales y autonómicos– en esta situación: la pobreza es una elección política y en España, la cuarta económica de la Unión Europea, se ha decidido mirar para otro lado. 

O, al menos, no se ha hecho el más mínimo esfuerzo en lo que a compromisos reales a se refiere. Según Alston, los sucesivos planes, objetivos, estrategias y programas sociales que se han puesto en marcha en el país se han ido acumulando en las instituciones sin resultados destacables. En la mayoría de los casos, apunta, las medidas han quedado en poco más que papel mojado y han empujado a España al fondo de la UE en muchos indicadores sociales.

Los datos, contextualizados en un informe de la ONU con experiencias de protagonistas, no hacen más que corroborar el abandono estructural de la mayoría de los pilares del Estado del bienestar. Como consecuencia, un cuarto de la población y casi un 30% de los niños está en riesgo de pobreza y exclusión; la tasa de paro dobla la media comunitaria; y más de la mitad de las personas tienen problemas para llegar a fin de mes. 

Incluso en un ámbito que sigue dejando buenos resultados en los indicadores internacionales, como la Sanidad, los problemas se reproducen o mantienen. Así, y pese a la reforma legislativa de 2018, el informe señala que siguen registrándose casos de exclusión sanitaria, así como dificultades de acceso a servicios básicos por parte la población más vulnerable. Por otro lado, el relator de la ONU también se muestra preocupado por los procesos de privatización de la sanidad y el crecimiento de la precariedad entre los trabajadores del sector.  

En el caso del sistema educativo, el informe subraya la presencia de la inequidad como uno de los factores más relevantes, con una relación cada vez más fuerte entre la pobreza y los resultados académicos. Ejemplo de ello son los ratios de fracaso escolar, los segundos más alto de la UE, o los índices de segregación, que también se han generalizado: casi un 45% de los estudiantes en situación de vulnerabilidad acuden a colegios con una alta concentración de menores provenientes de entornos pobres. 

En este sentido, Alston también alude al impacto que han tenido los recortes en los costes familiares asociaciones a la educación, que crecieron un 34% entre 2009 y 2016. 

Por otro lado, el informe hace especial hincapié en la gravísima crisis de vivienda –“de proporciones asombrosas”– que atraviesa el país, con un cuarto de la población en situación de exclusión residencial. Aquí, el relator de la ONU vuelve a sacar los colores a los responsables públicos: se muestra impactado por lo poco que se ha hecho para proteger el acceso a la vivienda, por la permisividad con los fondos buitre o por el desajuste profundo entre las necesidades de la población y las respuestas políticas que se están planteado.

El informe de la ONU recuerda que problemas extendidos durante años, como los desahucios y la pobreza energética, se han unido a la alarmante situación del alquiler, donde los precios se han disparado un 50% entre 2013 y 2019. Casi 4 de cada 10 inquilinos paga sobrecostes, mientras que el parque de vivienda pública es prácticamente inexistente.

Frente a este abandono de los servicios y las políticas públicas, el relator de la ONU alerta sobre cómo los años de crecimiento económico y recuperación se han dirigido, casi en exclusiva, a la parte más alta de la sociedad, dejando a los colectivos más vulnerables de lado: entre 2007 y 2017, los ingresos del 1% de población más rica crecieron un 24%, mientras que los del grueso de la población lo hicieron por debajo del 2%. En el caso de los ingresos fiscales por impuestos empresariales, estos cayeron a la mitad entre el inicio de la crisis y 2019, pese a que las ganancias de las compañías se han recuperado en gran medida. 

Esto, resume Alston, no es más que el reflejo de un sistema que no está diseñado para maximizar la ayuda a las personas con dificultades –el impacto de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza es el sexto más bajo de la Unión Europea– y donde la presión y progresividad fiscal destaca por encontrarse muy por debajo de la media europea. 

En última instancia, el responsable de la ONU se muestra sorprendido por el importante trabajo que realiza el tercer sector y por el negacionismo de varios responsables públicos sobre la situación.