Mañana 12 de marzo se inicia una nueva legislatura en el Parlament de Catalunya. Otra legislatura, todo apunta a ello, de bloques y propaganda, sin políticas públicas, sensible de ser utilizada, en Catalunya y fuera de ella, desde diferentes toxicidades para suplir a la política en una pandemia, y en una ya dilatada crisis social, económica y democrática. Para que esto sea así, es necesaria la firme voluntad de sus protagonistas. Y el Estado es uno de los agentes implicados. Es el participante más activo en la actual etapa de esta situación, si la dividimos en dos etapas. En la primera –2012-2017–, se gestaron, desde las instituciones catalanas, una serie de dinámicas eléctricas, si bien alejadas de la política estricta y efectiva. Pasado el tiempo, es posible valorar esa etapa como una emisión propagandística descomunal y novedosa. Debajo de la cual había un combate electoral entre dos partidos –CDC, hoy Junts, y ERC– por la hegemonía en el nacionalismo catalán, una vez contrastada la corrupción estructural de uno de esos partidos, y una vez aplicada la austeridad más rigurosa de todo el Estado, lo que dejó hasta cierto punto sin sentido a la Generalitat, ese aparato del Estado cuya función estatutaria era vertebrar en el territorio un Bienestar que ya no existía. 

En la segunda fase –iniciada el 3-O, a partir del beligerante discurso del rey, esa figura que se pretende neutral–, el motor de la situación ha sido el Estado, a través de la judicialización de la política, a través de la represión de hechos propagandísticos y carentes, por eso mismo, de efectividad y recorrido. El resultado es, en números redondos, 3.000 personas pendientes de juicio. La mayoría, por participar en una manifestación reivindicativa de un referéndum, el 1-O, a la que el Gobierno Rajoy y la Generalitat denominaron referéndum sin ningún elemento jurídico que lo validara.  

Europa se asombra del abuso de la Justicia en la política española, tan poco común en las culturas democráticas avanzadas

Además de ese desmesurado número de ciudadanos a la espera de juicio –que de por sí indica un problema político en el Estado, más allá del localizado problema del procés–, hay varios políticos encarcelados, con sentencias firmes y abultadas, por cargos como el de sedición, de difícil aplicación a los hechos que protagonizaron. Recientemente, a esos presos se les acaba de retirar, otra vez, el tercer grado, alegando para ello su ausencia de arrepentimiento, un concepto antes religioso que legal. Lo que explica la lógica de la Justicia que se está aplicando en este asunto. Otros antiguos cargos de la Generalitat y una exdiputada de la CUP siguen en el exilio. Aunque Meritxell Serret ha retornado en las últimas horas, sin cargos de cárcel, y ha sido puesta en libertad, bajo condiciones, por el propio juez Llarena. Pese a esta excepción –un pacto, tal vez motivado por la necesidad de sumar todos los votos procesistas para asegurar una presidenta del Parlament derechista–, la justicia ha sido imprevisible, arbitraria y punitiva. 

Además, por encima de todo, ha sido inexplicable desde otras culturas. Las euroórdenes eran un mecanismo casi automático: han dejado de serlo al referirse a delitos como el de rebelión o el de sedición. La votación, esta semana, para levantar la inmunidad a Puigdemont en el Parlamento Europeo, por otra parte, ha sido aprobada con menos holgura de lo habitual, y con votos contrarios en el Grupo Socialista, promovidos en algunos casos por Franco Roberti, eurodiputado y antiguo juez antimafia. La justicia, la prensa y la opinión pública europeas son un elemento de ponderación para nuestra cultura, tendente a dar la razón a nuestras instituciones incluso en casos tan extremos como los de torturas. Europa se asombra del abuso de la Justicia en la política española, tan poco común en las culturas democráticas avanzadas. La palabra más utilizada para definir esa tendencia es iliberal.

A las puertas de una nueva legislatura catalana condenada a la repetición, la inacción y la crispación, reiteramos que esa solución para los presos no ha llegado

En CTXT hemos seguido desde hace seis años las dos etapas del caso catalán. Hemos descrito y denunciado el carácter propagandístico de la primera etapa del procés. Fuimos los primeros en utilizar la locución presos políticos para empezar a describir la segunda. Seguimos el juicio a los presos catalanes y valoramos la sentencia como excesiva, fruto de un escarmiento alentado desde la jefatura del Estado y desde unas élites cortesanas fanáticamente anticatalanistas. Hemos descrito la putrefacción de esos dos nacionalismos antagónicos, abocados a una suerte de trumpismo local, tan visible ahora en la deriva procesista de Isabel Díaz Ayuso. Y hemos planteado que, para empezar a empezar, era necesaria la puesta en libertad de los presos políticos, y una solución para el resto de encausados y los exiliados.

Ahora, a las puertas de una nueva legislatura catalana condenada a la repetición, la inacción y la crispación, reiteramos que esa solución para los presos no ha llegado. Que ya llega tarde. Y que, por eso mismo, puede no llegar. Es muy posible que la sociedad catalana no se merezca a sus políticos, pero tampoco se merece (como la sociedad española) a unos políticos que, desde La Moncloa, pudiendo hacer algo al respecto para iniciar, no ya el diálogo político, sino al menos el diálogo social en Catalunya, han preferido mirar hacia otro lado. 

Los presos, como sello de un cambio en la judicialización de la política y en la criminalización de la disidencia y la protesta, deben salir a la calle. Para corregir un abuso y una patología, y para que den explicaciones a una sociedad que tiene que sosegarse para poder exigir y escuchar con calma a quienes les engañaron. Para cerrar página y para abrir otra sustentada en la realidad. Si esto no sucede, el Estado estará abandonando a la sociedad catalana a su suerte, y condenará a la sociedad española a vivir otro infame periodo de propaganda, confrontación y estupidez colectiva.