A lo largo del año 2022, 118.842 personas solicitaron protección internacional en España, según datos recogidos por Accem para el capítulo español del informe AIDA, que analiza la situación del asilo y la protección internacional en 23 países europeos. Durante el mismo año, 51.832 solicitudes fueron rechazadas. Solo se concedió el estatuto de refugiado a 6.830 personas, la protección subsidiaria a 7.405 personas y la protección por razones humanitarias a 20.924 personas. Contando las tres, el porcentaje de admisión es del 40%. A final de año, 92.152 solicitudes se encontraban pendientes de resolución.

En diciembre de 2021, una sentencia del Tribunal Supremo estableció que, si una persona había solicitado protección internacional en España, no podía ejecutarse un procedimiento de expulsión contra ella hasta que las autoridades competentes rechazaran o consideraran inadmisible dicha solicitud, si es que lo hacían. De acuerdo con la sentencia, durante esa fase previa a la decisión no se puede considerar la permanencia en España como estancia irregular.

Sin embargo, el informe recoge que, en 2022, las personas que intentaron obtener protección internacional en nuestro país se enfrentaron a diversos obstáculos y largos periodos de espera para lograr una cita y realizar su solicitud. Las citas se venden en el mercado negro e incluso se han encontrado anuncios en Wallapop. La representante de ACNUR en España, Sophie Muller, ha calificado esta situación como “crítica” y ha llamado a incrementar los recursos humanos y técnicos para agilizar el acceso a las citas, tomando como ejemplo las medidas especiales puestas en marcha para la protección temporal de los refugiados de Ucrania.

Los países cuyos ciudadanos solicitaron protección internacional en España con más frecuencia el año pasado fueron Venezuela, Colombia, Perú, Marruecos y Honduras. Sin embargo, las nacionalidades más frecuentes entre las personas a las que se concedió algún tipo de protección son las de Mali, Afganistán, Ucrania, Siria y Colombia.

En 2022, las personas que intentaron obtener protección internacional en España se enfrentaron a diversos obstáculos

En cuanto al mecanismo especial de protección temporal por la guerra de Ucrania que puso en marcha la UE, antes mencionado, más de 160.000 personas se acogieron a él en nuestro país en 2022, de las cuales un 67% son mujeres y un 33%, niños y niñas.

El régimen se puede aplicar a las personas nacionales de Ucrania, a las personas y a los/as apátridas que residen legalmente en Ucrania, a las personas nacionales de Ucrania que estaban en España antes del 24 de febrero de 2022, incluso si estaban en situación administrativa irregular, y a sus familiares.

En diciembre de 2022, el Tribunal Supremo estableció el criterio según el cual todas las personas ucranianas que viven en España pueden invocar protección en base al principio de no devolución, sin la necesidad de presentar una solicitud de protección temporal.

Como novedad, la ley trans aprobada en febrero de 2022 ha modificado la definición de refugiado recogida en la legislación, de manera que la “identidad de género” se incluye entre los motivos por los que una persona puede considerarse perseguida en su país de origen. Además, el informe indica que se han desarrollado procedimientos para prevenir y responder a la violencia de género en el sistema de acogida.

Un aspecto que no se puede obviar cuando hablamos de derecho a la protección internacional es la enorme complejidad de alcanzar el territorio español para la gran mayoría de los solicitantes de asilo y migrantes en general. La ONG Caminando Fronteras estima que en 2022, más de 2.300 personas perdieron sus vidas en el intento de llegar a España, de las cuales la mayor parte, unas 1.800, fallecieron en la ruta canaria.

En la frontera terrestre de Melilla, el uso indiscriminado de la violencia policial contra las personas que intentan saltar la valla y la práctica de las devoluciones en caliente han sido denunciados por múltiples organizaciones. El episodio más grave tuvo lugar el 24 de junio de 2022, cuando cerca de 2.000 personas intentaron entrar a Melilla desde Marruecos saltando la valla. Al menos 37 murieron y cientos resultaron heridas en lo que se conoce como “la masacre de Melilla”.

Quien logre llegar a España puede quedar detenido en un CIE, donde las deficiencias en la atención sanitaria han sido denunciadas por el Servicio Jesuita de Atención a Migrantes, entre otros.

El informe señala que las personas solicitantes de protección internacional, migrantes y refugiadas en España continúan afrontando obstáculos en el acceso a sus derechos, especialmente a la vivienda, al trabajo y a los servicios financieros, en parte debido a prácticas discriminatorias. Tras una visita a España, la Comisaria para los Derechos Humanos del Consejo de Europa exhortó al Gobierno a mejorar su acceso a la vivienda y la asistencia sanitaria.