La historia de Bankia es un libro con tintes policiacos, que parece nunca acabar, al que acaba de añadirse otro capítulo. Pero un capítulo que huele a justicia, al menos para esos miles de inversores que se fiaron de un folleto de salida a Bolsa con olor a fraude. Un miércoles 27 de enero fue la fecha escogida por el Tribunal Supremo para provocar un antes y un después en esta historia financiera y política plagada de cómplices.  

El pleno del Supremo ha rechazado los recursos presentados por la entidad presidida hoy por José Ignacio Goirigolzarri contra dos sentencias que declararon la nulidad de las órdenes de suscripción de acciones de la entidad financiera por estimar que el folleto de salida a Bolsa contenía información que no reflejaba la situación económica real de Bankia.

La decisión ha sido adoptada por el Pleno de la Sala Civil y supone un respaldo a las declaraciones de nulidad de miles de órdenes de compra que están siendo tramitadas en juzgados de toda España. “Ahora lo sabemos no por dos peritos, sino por el pleno del Supremo. Ahora sabemos que esa salida a Bolsa fue un fraude para el mercado y para los inversores”, explica Fernando Zunzunegui, abogado y profesor de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid.

Los dos casos bendecidos ahora por el Supremo habían sido examinados por las audiencias provinciales de Valencia y Oviedo. "La incorrección, inveracidad, inexactitud o los errores contables sobre esos datos publicitados en el folleto nos lleva a concluir que la información económica, financiera y contable divulgada al público suscriptor resultó inexacta e incorrecta, en aspectos relevantes, primordiales y sustanciales como son los beneficios y las pérdidas de la sociedad emisora", decía una de las sentencias."Lo expuesto lleva a la conclusión, como ya lo hizo el juzgador de instancia en su resolución, de que la información llevada a efecto en la oferta pública por la entidad demandada resultó incorrecta e inveraz en aspectos relevantes, dando apariencia de una solvencia que no se correspondía con la realidad de su situación financiera", manifestaba la otra.

Alegría se respira también el 27 de enero en la sede de la asociación de consumidores Adicae, que representa a 2.238 pequeños accionistas en la querella contra Bankia por su fraudulenta salida a Bolsa. Su presidente, Manuel Pardos, afirma que “la sentencia abre la puerta a que miles de consumidores reclamen y recuperen su dinero, aunque se trate de cantidades aparentemente pequeñas”, ya que la operación liderada por Rodrigo Rato “se centró especialmente en captar el dinero de más de 400.000 pequeños ahorradores”.

También respira con cierto alivio Andrés Herzog, exportavoz de UPyD (partido que presentó una querella a Bankia en junio de 2012 por un posible delito de estafa de inversores), de profesión abogado y una de las bestias negras de la entidad que nos ocupa. “Dicha salida a Bolsa, materializada en julio de 2011, fue incentivada por las autoridades económicas, el Ministerio de Economía y el Banco de España, en ese momento dirigido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez y, de facto, puede concluirse que tanto la salida a Bolsa como la emisión de preferentes fue una forma encubierta de intentar rescatar a las entidades, arruinadas a consecuencia de la politización y la nefasta gestión realizada en la época de la burbuja inmobiliaria”, cuenta.

Como hemos dicho, estamos en una historia repleta de cómplices y evasión de responsabilidades. Una pelota que se han ido pasando los reguladores (Banco de España y CNMV), los auditores (con Deloitte a la cabeza) y los responsables políticos, desde el Ministerio de Economía hasta cualquier peso pesado de esa época, encantados de tirar la piedra al denostado Rato. Por eso ahora es tiempo de rendir cuentas, como aclara Fernando Zunzunegui. “Deberían pedir perdón el Banco de España, la CNMV, los auditores, los bancos colocadores y el propio Gobierno. Y Goirigolzarri debería proceder a una devolución ordenada del dinero siguiendo las indicaciones del FROB”, explica.

Vayamos por partes. El Banco de España, presidido por Luis María Linde, ha hecho público un comunicado en el que aclara diversas cuestiones relacionadas con un documento sobre la OPV de Bankia enviado a un juez de Navalcarnero (Madrid). “El citado documento [...] no valora las cuentas presentadas por la entidad con motivo de su salida a Bolsa, en julio de 2011. Tampoco entra a valorar ninguno de los informes periciales presentados ante la Audiencia Nacional en relación al denominado ‘Caso Bankia’”.

Pero en esa época hay otro nombre al frente del Banco de España llamado Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que ha aprovechado la próxima publicación de su libro para recordar en alguna que otra entrevista la responsabilidad del Ministerio de Economía en este asunto. ¿Y qué ha hecho Luis de Guindos? Exacto, refrescarle la memoria a Fernández Ordóñez.: “A quienes le acusan de que tardó demasiado les replica que la primera vez que le alertaron de sus cuentas fue a finales de febrero de 2012. Y no lo hizo el Banco de España, como era preceptivo, sino una misión del FMI. ¿Por qué? “Eso lo sabrá el exgobernador Fernández Ordóñez”, dice en una entrevista publicada el pasado domingo en el magazine de El Mundo.

La CNMV también parece vivir en un estado de amnesia parcial o excedencia laboral. En declaraciones a Ctxt, Julio Segura, exresponsable de este organismo regulador, manifestó que no se pudo hacer más, y aunque reconoce que fallaron todos, “como este folleto cabe sospechar que no se lo lee mucha gente, se les sugirió --porque legalmente no se les podía obligar-- que hicieran un tríptico en el que explicaran esos riesgos. Y que el inversor firmara el tríptico. Y lo firmaban. ¿Qué más podía hacer la CNMV? Nada más”.

“Mafo, en lugar de escribir libros, debería pedir perdón”, explica Zunzunegui. Un perdón y un asumir responsabilidades que le pide también a Linde, a los responsables del FROB y al propio Goirigolzarri. “Han puesto en duda la profesionalidad de dos peritos (del Banco de España). Un hecho gravísimo que crea un conflicto en la institución”, añade. Por su parte, Bankia ha tenido que provisionar 1.840 millones para hacer frente ahora mismo a demandas por 819 millones. “Pero ¿han incluido las costas por intereses de unos 200 millones? Porque se lo podrían ahorrar con una gestión organizada”, señala este abogado. El siguiente capítulo de esta novela aún está por escribir.