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Basta con abrir los periódicos impresos y digitales o conectar las televisiones para comprobar que, en estos días, la institución del Ministerio Fiscal ha sido cuestionada duramente por acontecimientos concretos, como la renovación de los cargos de la cúpula de la carrera fiscal o lo sucedido en torno a la posible querella contra el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia.

He desempeñado durante más de veintitrés años mis funciones en el Ministerio Fiscal, tanto durante la dictadura, como una vez promulgada la Constitución y su Estatuto orgánico. Estos acontecimientos y las reacciones suscitadas ponen de relieve que esta institución, cuya regulación constitucional y estatutaria supera en garantías a la de la mayor parte de los países europeos, no ha conseguido ser comprendida y apreciada por la sociedad cuyos intereses debe proteger.

Son varios los factores que han contribuido  a crear un clima de desconfianza sobre su actuación en los conflictos que suscitan el interés prioritario de los ciudadanos. En mi opinión las causas de este desapego radican en la actitud de todos los partidos políticos que, sin  base legal alguna y con un escaso respeto al equilibrio institucional, propio de una democrática asentada, han conseguido transmitir la idea de la existencia de un cordón umbilical que une al Fiscal General con el Gobierno.

Los partidos políticos, con un escaso respeto al equilibrio institucional, han conseguido transmitir la idea de la existencia de un cordón umbilical que une al Fiscal General con el Gobierno

Nuestro texto político fundamental ha diseñado una estructura del Ministerio Fiscal impecablemente respetuosa con su imparcialidad y sumisión al principio de legalidad. Del mismo modo que los jueces, según el artículo 117 de la Constitución, asientan su independencia sobre su sometimiento al imperio de la ley, el Ministerio Fiscal alcanza su legitimidad democrática si antepone a cualquier otra consideración los valores superiores de su razón de ser: la legalidad, la imparcialidad, la objetividad y la defensa de los intereses de los ciudadanos.

Promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, como impone el artículo 124 de la Constitución, solo puede hacerse efectivo si se lee su texto en clave democrática y constitucional. Los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, tan queridos por nuestros políticos, son secundarios y subordinados a la sujeción, “en todo caso”, a los de legalidad e imparcialidad.

¿Por qué sucede todo esto y por qué hemos llegado a una situación de desconfianza y deslegitimación del Ministerio fiscal cuando tenemos los instrumentos necesarios para consolidarlo como uno de los valores esenciales para el cumplimiento de la legalidad?

El Estatuto del Ministerio Fiscal, que en mi opinión puede ser mejorado en algunos aspectos, ha establecido desde sus orígenes su autonomía funcional y niega al Gobierno la posibilidad de impartir órdenes al Fiscal General del Estado. En todo caso, la petición gubernamental se debe someter a la opinión, no vinculante, de la Junta de Fiscales de Sala, la verdadera cúpula de la carrera fiscal.

El  Fiscal General del Estado debe ser consciente de su responsabilidad institucional y de sus obligaciones constitucionales. Si bien es cierto que lo nombra el Gobierno también lo es que no lo puede destituir sino por las causas tasadas en la ley y por tanto goza de absoluta autonomía durante la legislatura que ejerce el Ejecutivo que le ha nombrado.   

El principio de jerarquía que tanto esgrimen los que tienen el síndrome del poder no supone una subordinación cuasi castrense  o eclesiástica. La decisión del Fiscal General del Estado en ningún caso podría ser arbitraria porque entraría en contradicción con los valores constitucionales.   

Algo se está haciendo mal, cuando a pesar de las posibilidades de actuar autónomamente, el Ministerio Fiscal se ve continuamente zarandeado por los medios de comunicación y manipulado por los políticos. Todos deberían ser más rigurosos y responsables, en sus opiniones y posiciones, sobre una institución clave para la vigencia y fortaleza del Estado de Derecho.  

Algo se está haciendo mal, cuando a pesar de las posibilidades de actuar autónomamente, el Ministerio Fiscal se ve continuamente zarandeado por los medios de comunicación y manipulado por los políticos

Son muchos los países de nuestro entorno en los que el nombramiento y la designación de la jefatura del Ministerio Fiscal  se hace también por el Gobierno. En el caso de Alemania, una vez nombrado depende directamente del ministro de Justicia que, como ha sucedido recientemente en el año 2015, ha destituido al Fiscal Federal porque estaba investigando unos blogs en los que se publicaban noticias que podían afectar a la seguridad del Estado. El escándalo político ha estallado y las asociaciones judiciales han apoyado al Fiscal frente la decisión del Gobierno Federal.

A pesar de  ello la sociedad alemana mantiene su confianza en el Ministerio Fiscal y no discute la credibilidad e imparcialidad de la institución, como sucede en nuestro país, con unos instrumentos constitucionales, legales y estatutarios mucho más respetuosos con la autonomía funcional del Ministerio Fiscal.

¿Por qué sucede todo esto y por qué hemos llegado a una situación de desconfianza y deslegitimación fiscal cuando tenemos los instrumentos necesarios para consolidarla como uno de los valores esenciales para el cumplimiento de la legalidad?

En mi opinión, la culpa radica fundamentalmente en la actitud de los diversos gobiernos que se han sucedido a partir de la vigencia de la Constitución, que han instrumentalizado la Fiscalía como un brazo ejecutor de sus decisiones políticas

En mi opinión, la culpa radica fundamentalmente en la actitud de los diversos gobiernos que se han sucedido a partir de la vigencia de la Constitución, que han instrumentalizado la Fiscalía como un brazo ejecutor de sus decisiones políticas. Por su parte, los partidos políticos utilizan la institución  como un arma arrojadiza en la refriega política,   sin detenerse a pensar en el daño irreparable que están haciendo a la institución.  

La reacción de la opinión pública ante este telón de fondo es una lógica consecuencia de los vicios y corruptelas que he tratado de exponer en las líneas anteriores. Soy consciente de la dificultad de revertir el estado de ánimo de los ciudadanos y su escepticismo ante una institución básica para la subsistencia del Estado de Derecho. A todos nos corresponde contribuir a que el Ministerio Fiscal recupere su función institucional. Seguir por la senda tortuosa del presente solo puede llevarnos a perpetuar la ya preocupante degradación de nuestra calidad  democrática.

José Antonio Martín Pallín. Magistrado emérito del Tribunal Supremo. De la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra). Abogado de Lifeabogados.