CTXT necesita un arreglo de chapa y pintura. Mejorar el diseño, la usabilidad… convertir nuestra revista en un medio más accesible. Con tu donación lo haremos posible este año. A cambio, tendrás acceso gratuito a El Saloncito durante un mes. Aporta aquí

El 31 de octubre de 2007 el Parlamento español aprobaba la Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, finalmente promulgada como Ley 52/2007 de 26 de diciembre. Anunciada y prometida en 2004, y nacida del proyecto de ley aprobado en julio de 2006 en el Consejo de Ministros bajo la presidencia de José Luís Rodríguez Zapatero, la norma respondía a las demandas del creciente movimiento memorialista que venía reivindicando desde mediados de los años 90 la necesidad de poner límites a la impunidad de la dictadura, de incentivar y financiar la investigación académica y la recuperación de los desaparecidos, y de generar mecanismos e instrumentos de concienciación social de los efectos de la Guerra Civil y la represión franquista. 

Nacida, según sus promotores, con la vocación de integrar y materializar las demandas de las víctimas del franquismo y “sentar las bases para que los poderes públicos lleven a cabo políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática”, su articulado final causó importante rechazo en la sociedad. Más allá de las previsibles críticas del conservadurismo español, buena parte del movimiento memorialista mostraba su disconformidad con la timidez y la falta de ambición de la norma. Según la propia Asociación Para la Recuperación de la Memoria Histórica “la ley no da satisfacción a los tres elementos que conforman los programas de justicia de transición de las dictaduras a los regímenes democráticos: verdad, justicia y reparación”. 

Desde otro prisma, en palabras de David Becerra, autor de La Guerra Civil como moda literaria, la Ley se inserta y “reproduce la lógica ahistoricista y despolitizada”. Y prosigue, “la Ley 52/2007, a todas luces insuficiente, no pretendía establecer una ruptura con el pasado, que pusiera fin a los privilegios de los que gozan, todavía hoy, los vencedores de la Guerra Civil, sino que perseguía, más bien, el reforzamiento del modelo de convivencia constitucional de la transición”.

Superando la inacción

Si bien su entrada en vigor representó un punto de inflexión en la movilización social y la lucha contra la impunidad de la dictadura, su alcance se sitúa, todavía hoy, lejos de las promesas de sus promotores. 10 años después se sigue conviviendo con libros de texto que explican que Lorca “murió en la guerra de España” y Machado “se fue a vivir a Francia con su familia”. Pese a las denuncias de las víctimas, la apertura del proceso judicial conocido como la Querella Argentina o las múltiples iniciativas parlamentarias encaminadas a derogar la Ley de Amnistía de 1977 –especialmente estos últimos meses por el 40 aniversario de su proclamación–, la impunidad de los victimarios sigue garantizada. Pese a las iniciativas municipales, el mundo mediático y los juzgados se esfuerzan en entorpecer, boicotear y paralizar la limpieza de símbolos y vestigios franquistas de nuestras calles. Nadie duda, pues, que si tibia era su propuesta, prácticamente nula ha sido su implementación. 

Solo el lento y complejo desarrollo de las leyes autonómicas –Catalunya, Andalucía, Euskadi, Navarra o el País Valenciano ya tienen en vigor leyes autonómicas de memoria democráticas y otros territorios, como Extremadura, las tendrán en los próximos meses– y el continuo empuje de la sociedad civil y los movimientos sociales han paliado parcialmente la inacción de la administración central. 

La batalla por el relato

Desde que aparecieron los primeros grandes trabajos académicos durante los años 80, la investigación de la Guerra Civil y la represión franquista ha transformado su metodología, sus objetos de estudio y sus campos de interés. Así pues, desde que se produjo el primer boom de atención, iniciado a caballo entre los setenta y los ochenta, ha evolucionado de manera discontinua, con períodos notablemente productivos desde espacios extraacadémicos y con explicación multiformal, a veces ligada a la realidad sociopolítica coyuntural. Simplificando al extremo este largo y complejo proceso de transformación, se podría decir que se ha pasado de unos estudios cuantitativos con gran atención a las cifras globales hacia nuevos marcos centrados en aspectos concretos y parciales del poliédrico universo represivo. 

Este proceso se ha vivido acompañado por la progresiva desaparición del legado político en los relatos memoriales. Dibujar su causalidad, aunque sea como mera hipótesis, se presenta altamente complejo. Desde quienes pretenden explicarlo por la derrota ideológica y cultural de las izquierdas hasta quienes ven en la institucionalización de la “memoria histórica” el origen de todas sus debilidades, las argumentaciones existentes son amplias y variadas. 

El debate sigue abierto: no es objeto de este texto dilucidar en qué momento y por qué se transformó la imagen escrita y proyectada de la Guerra Civil como una “guerra entre los demócratas y los fascistas” o, si lo prefieren, “entre la transformación (o revolución) social y el fascismo” a “un drama humanitario”, un “error colectivo” o un “episodio trágico” que rompía con la ejemplarizante historia patria, caracterizada por el consenso en torno a la construcción de un Estado democrático sin antagonismos internos, edificado sobre la superación de desacuerdos siempre consensuales. En repetidas ocasiones se nos presenta la Guerra Civil como un proceso que carece de aprendizajes, valores, propuestas y lecturas para el presente. Un conflicto fratricida que debe ser extraído de su contexto para comprender su profundidad, se argumenta. Un relato que ha crecido en importancia y centralidad al tiempo que el pasado traumático irrumpía en la agenda pública y ocupaba espacio mediático. 

David Becerra argumentaba, en su ya clásico La guerra civil como moda literaria, que la Guerra Civil se había convertido en un subgénero inofensivo de éxito en la literatura de masas y las producciones mediáticas. Sustentadas sobre un relato que asume la versión franquista de la Guerra Civil, se exhibe, borrando la huella de la conflictividad política y social y dilapidando el compromiso democrático de buena parte de la sociedad española, un conflicto despolitizado y ahistórico carente de conflicto ideológico. Así, se nos presenta un pasado aislado y lejano, carente de tensiones y de consecuencias directas sobre el presente. Una visión construida y dirigida en las últimas décadas por los artífices de la historia oficial de la transición. 

Una tesis parcialmente compartida por Jesús Izquierdo Martín y Pablo Sánchez León, en su libro La guerra que nos han contado. 1936 y nosotros. Argumentan que el conocimiento actual sobre el pasado, en lo que a la Guerra Civil se refiere, no radica en los hechos y su análisis sino en los relatos construidos posteriormente desde un prisma presentista. Esta apuesta, según los autores, nos hace concebir a nuestros abuelos, o a quienes los mataron, como personas extrañas, alejadas y ajenas a nuestros marcos de referencia actuales. Y en su análisis señala a los autores de dichos relatos: la generación de intelectuales que asciende al poder durante la transición y acapara la explicación del pasado, con un sustento público y mediático de gran envergadura, que se centra en legitimar su posición actual. Para ellos, argumenta Sánchez de León, “revisarla amenaza los parámetros de su propia autobiografia”. 

Valga de ejemplo: hace unas semanas, Fernando Suárez afirmaba en una entrevista en El Mundo que “deslegitimar el franquismo ponía en riesgo la corona” y atacaba el consenso de la transición. Fernando Suárez (León, 1933), para quien “es un error considerar un insulto que te digan que tienes ADN franquista”, fue jefe nacional de Enseñanza, jefe de la Delegación Nacional de Juventudes entre 1960 y 1962 y ministro de Trabajo del último Gobierno del franquismo. Diputado entre 1982 y 1986 y miembro del Parlamento Europeo entre 1986 y 1994 por Alianza Popular, sobre él pesa actualmente una orden de detención y extradición emitida por la jueza argentina María Romilda Servini por su responsabilidad en los fusilamientos del 27 de septiembre de 1975. 

Una memoria para el futuro

Llegados a la actualidad, con la progresiva centralidad del concepto “memoria democrática” y su institucionalización en las diferentes legislaciones autonómicas, así como su inclusión en los planes de formación de alumnos y profesorado, se pretende avanzar hacia nuevas concepciones del estudio, la comprensión y la trasmisión del pasado. Se nos presenta ahora como más necesario que nunca trabajar en la construcción de un relato histórico que nos permita vehicular la complejidad del pasado con su difusión educativa y social. 

Rehuyendo de los relatos militantes y apelando a una supuesta objetividad, se nos presenta con entusiasmo una nueva neutralidad que, en muchos casos, esconde claves importantes para la comprensión del pasado y para la educación en derechos humanos y valores democráticos de las nuevas generaciones.  A saber, un relato que sitúa en pie de igualdad y como bandos en guerra un gobierno democrático con un proyecto de modernización, transformación social y redistribución de la riqueza y una oligarquía antidemocrática sustentada sobre una parte del ejército que conspiró, inició el conflicto bélico y, con la ayuda internacional, venció al gobierno legítimo. Una crónica que oculta la eliminación sistemática de importantes sectores sociales una vez acabada la guerra o que silencia los efectos de la represión económica y la consolidación de una nueva élite económica y financiera que, todavía hoy, domina el mundo empresarial. 

Una visión que, pese a poner encima de la mesa la reparación de las víctimas o de sus familiares, pese a remarcar la necesidad de vaciar las cunetas y rendir reconocimiento a los cerca de 114.000 desaparecidos, limita el impacto de las consecuencias de la Guerra Civil en la actualidad y elimina el sustrato político de los pasados traumáticos. 

Tal vez, ahora sí, sea momento de progresar, desde la pluralidad y con matices, en la construcción de un nuevo relato histórico y científico de la Guerra Civil y la represión franquista, desde el compromiso para con los derechos humanos y la igualdad social. Una nueva lectura que rehúya y supere el “drama humanitario” sin responsables, ni víctimas ni consecuencias actuales que se pretende naturalizar. Una nueva concepción que supere la cosmovisión del “pasado fratricida” y recupere el legado político y democrático de la II República, la Guerra Civil y la lucha antifranquista. 

Esto es, un cambio en la imagen del pasado y en la utilidad de la memoria, que permita vincularla e insertarla en los desafíos y las batallas del presente. Un camino que deben emprender investigadores, movimiento memorialista, periodistas y familiares de las víctimas sin esperar nuevas legislaciones estatales.

--------------------------

Vicent Galiana i Cano  es miembro de la Càtedra de Memòria Democràtica de la Comunitat Valenciana. (@vgaliana_)