CTXT necesita un arreglo de chapa y pintura. Mejorar el diseño, la usabilidad… convertir nuestra revista en un medio más accesible. Con tu donación lo haremos posible este año. A cambio, tendrás acceso gratuito a El Saloncito durante un mes. Aporta aquí

Los abogados laboralistas no han sido todavía valorados en la memoria histórica del antifranquismo como se debe, salvo el permanente recuerdo que CCOO efectúa respecto de quienes fueron víctimas del atentado fascista de Atocha de enero de 1977. Sería muy interesante ir reconstruyendo las historias de los diferentes despachos que a partir de 1966/67 se fueron progresivamente desplegando por la geografía española a partir de la incorporación de jóvenes mujeres y hombres a un movimiento obrero que era el principal enemigo del franquismo y el único que podía (y que pudo) confrontarse con el régimen, desgastarlo e impedir el desarrollo de su proyecto de mantenimiento y pervivencia.

Los despachos laboralistas garantizaban la legalidad en el sentido de hacer posible el ejercicio de los derechos derivados del trabajo por muy raquíticos que éstos fueran, conseguían dar efectividad a las reclamaciones justas de los derechos de los trabajadores y trabajadoras bajo la dictadura. Consideraban intuitivamente que el campo jurídico era un espacio en el que se desenvolvían intereses opuestos relacionados con las posiciones de clase que se reproducían en las partes opuestas del contrato de trabajo, lo que sin embargo no impedía del todo que en ese cuadro regulador hubiera la posibilidad de hacer efectivos intereses individuales y colectivos de los trabajadores. De esta manera se fue configurando paulatinamente una serie de prácticas y de reglas que iban construyendo un Derecho del Trabajo clasista, una praxis teórica que concebía el marco normativo en función del interés de los trabajadores. Las abogadas –que cobraron un protagonismo decisivo en este fenómeno nuevo– y los abogados laboralistas desempeñaban una función de tutela legal que valorizaba el trabajo más allá de su significado mercantil. Y, paralelamente, constituían el lugar en el que se condensaba la organización colectiva de defensa de los intereses de los trabajadores, porque era a través de la “cobertura” de los despachos como se fue diseñando y consolidando la organización del movimiento sociopolítico de resistencia obrera al franquismo, la formación de las Comisiones Obreras.

Ello implicaba asimismo la capacidad de reescribir la legalidad, puesto que la actuación del laboralismo se volcaba en el momento interpretativo, mediante prácticas u operaciones que requerían un dominio fuerte de la tecnicidad y un acopio de razonamientos de diferente naturaleza, unido a una potente capacidad argumentativa. Este es el origen histórico de la centralidad de la garantía judicial de los derechos laborales aún hoy en día, que hunde sus raíces en esta forma de crear el derecho privilegiando el aspecto interpretativo del mismo, y revaloriza el papel de los llamados “operadores jurídicos” como agentes reales de creación del derecho y de realización de la justicia. 

Los despachos laboralistas perseguían simultáneamente la subversión de la legalidad entonces vigente. Desplegaban una tensión dialéctica entre la realidad normativa y política y el proyecto de regulación futuro de las relaciones de poder que se establecerían en el marco de las relaciones de trabajo. La reivindicación de la amnistía y de las “libertades”, es decir, de una democracia social avanzada, la unidad sindical y el proyecto de cambio político radical que ello llevaba aparejado eran los elementos básicos que daban sentido final a esta acción colectiva.

Esta relación dialéctica de las abogadas y abogados laboralistas con la legalidad no se agota en el tiempo histórico del tardofranquismo y la transición. En efecto, especialmente durante la etapa de la crisis, los servicios jurídicos sindicales y los despachos laboralistas han sabido garantizar el cumplimiento de los derechos que la norma reconoce y que la violencia del mercado y el desempleo de masa hacían inefectivos en la práctica, también ante la imposición patronal y la debilitación de la resistencia colectiva. Han cooperado de forma muy activa en reescribir la norma reformada, como ha sucedido en temas emblemáticos como en materia de despidos colectivos (con sentencias especialmente decisivas, como las de Coca Cola o Prisa), o en la redefinición de los efectos de la ultra actividad tras el plazo de un año sin llegar a acuerdo en el convenio negociado. 

Y, aunque no se explicite demasiado a menudo, late también en esta actuación un propósito de subversión de la legalidad, de impugnación de la validez de la norma vigente. En concreto del marco institucional que se desprende de la imposición de la agenda neoliberal en nuestro país a partir de las políticas de austeridad. Implica la necesidad de revertir la reforma laboral y frenar el proceso destituyente en materia de derechos sociales que se ha puesto en marcha, pero también alimenta la tensión respecto de un proyecto que quiere afirmar una legalidad alternativa. Se trata simplemente de recuperar la democracia social desde la autonomía sindical y fortalecer los mecanismos de participación colectiva en las decisiones fundamentales para la economía y la sociedad del país.

---------------------------

Antonio Baylos es Catedrático de Derecho del Trabajo y Director del Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social (CELDS) de la Universidad de Castilla-La Mancha.