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"Cuando llegamos a los colegios hablando de pobreza en otros países, los profesores nos empezaron a contar que había niños que no comían en todo el día más que lo que comen en el colegio. Incluso hay algunos que se llevan el pan a su casa para poder cenar", explica Ana Sequí, coordinadora del Proyecto de Infancia en España de Ayuda en Acción. Esta ONG de cooperación internacional se dedicaba hasta hace tres años a luchar contra la pobreza infantil en los países en vías de desarrollo. En España se limitaban a hacer campañas de sensibilización. Sin embargo, desde 2013 han empezado a replicar su modo de trabajo del tercer mundo en España. "Cuando vimos esa situación y los recortes en becas de comedor y material escolar, empezamos a darnos cuenta de que había niños que se estaban quedando atrás porque no tienen una alimentación saludable, no tienen recursos para poder estudiar o no pueden ir a las actividades extraescolares, que también es parte de la formación", dice Sequí.
Gracias a un reciente cambio de metodología del gobierno en la medición, la tasa de niños españoles en riesgo de pobreza pasó del 28,9% en 2009 al 26,7% en 2013 (el último año del que hay estadísticas). Sin embargo, según el antiguo modo de medición, en 2012 la tendencia era inversa: del 26,5% en 2009 al 28,9% en 2012. En cualquiera caso, el índice es considerablemente mayor que el del 20,4% de la población general.
El nuevo cálculo sitúa el umbral de la pobreza en ingresos que no alcanzan el 60% de la renta media anual. Como en estos años esos ingresos medios han descendido, la situación ha empeorado de forma considerable. Unicef hizo un cálculo de niños pobres en España tomando como base el umbral de pobreza de 2008: entre ese año y 2012 el porcentaje había subido del 28,2% al 36,3%, lo que equivale a 2,2 millones de menores.
Este cómputo cuadra mejor con lo que se encontró Ayuda en Acción sobre el terreno. En el curso 2013-2014, la ONG comenzaron a otorgar becas de comedor o de material escolar, a coordinar revisiones médicas e incluso a dar cursos de formación para el empleo a los padres de familias necesitadas. Ayuda en Acción trabajó con 21 escuelas en su primer año; en el presente han subido a 30, pero reconocen que reciben muchas más solicitudes. "Nos llegan un montón de demandas de colegios con necesidades que no podemos atender", advierte Sequí. Su nueva labor en España replica su modo de trabajo en los países en desarrollo. "Actuamos en localidades siempre con el foco puesto en la lucha contra la pobreza, el apoyo a la igualdad de oportunidades y el desarrollo local. Nuestra filosofía aquí es la misma: actuamos en el centro escolar pero el objetivo es que esos centros se conviertan en motores de cambio", detalla la activista.
En los últimos años, los españoles se han ido familiarizado con expresiones como pobreza infantil, crisis alimentaria, precariedad laboral, fenómenos que se consideraban propios de países del tercer mundo, o que se creían extintos en nuestro territorio. Otros tipos de pobreza, que no formaban parte de nuestro vocabulario, son la energética o la de medicamentos, y han irrumpido con fuerza. Todas ellas son distintas caras de una misma realidad. La crisis económica y, particularmente, el desplome del empleo han cogido por sorpresa a miles de familias y las han lanzado a una espiral de empobrecimiento que les ha obligado a renunciar a elementos básicos para tener una vida digna: la salud, una alimentación apropiada, la luz o la calefacción.
A pesar de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asegura que España es "un país de primer orden" y tilda de "tristes" y "radicales" a los que "andan por ahí diciendo lo mal que van las cosas" y que pintan "una España negra", lo cierto es que cada vez son más los ciudadanos que se están quedando atrás, totalmente desprotegidos por el menguante Estado de bienestar.
Según la Encuesta de Condiciones de Vida del año 2013, y gracias a la nueva metodología, la tasa del riesgo de pobreza era la misma que en 2009 (20,4%), el año más antiguo con la que se compara. Esto, a pesar de que en ese lapso de tiempo la renta media anual por persona había descendido desde 11.318 euros a 10.531. Si se considera el riesgo de pobreza y exclusión social, que es el valor de referencia en Europa para calibrar las carencias sociales de la población y que además de la pobreza monetaria incluye las privaciones materiales severas y la baja intensidad en el empleo, el porcentaje subía en 2013 hasta el 27,3%.
Esto equivale, de acuerdo con un informe de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza, a 12.866.000 personas, 1.320.216 más que en 2009. Según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, hace tres años había tres millones de personas en situación de extrema pobreza, es decir, que viven con menos de 307 euros al mes. Eran un 6,4% de la población, frente al 3,5% de 2007.
Desahucios
El primer síntoma de lo que se avecinaba fue la crisis de los desahucios. Miles de familias, cuyos miembros se quedaban sin trabajo, se veían incapaces de pagar las hipotecas que habían firmado por 30 o 40 años y cuyos tipos de interés, además, comenzaron a subir de golpe. Matías González sufrió dos de ellos: uno, en el bar con el que llevaba ganándose la vida durante 15 años en Santa Coloma de Gramenet. Desde 2002 arrastraba una deuda por unas obras de insonorización que el municipio le obligó a hacer y llegó un momento en que no pudo afrontarlo. "No podía pagar y quise traspasar el negocio, pero, como debía un mes de alquiler del local, la dueña me denunció y ya no pude", explica. Se quedó sin ingresos a los 53 años. Además, su mujer lo había dejado con sus tres hijos. Así que después comenzaron los problemas con la casa.
González pudo evitar los dos primeros intentos de desahucio con la ayuda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y finalmente, tras colarse en la sede central de Bankia disfrazado de preso, consiguió, en septiembre de 2013, que el banco le condonase la deuda a cambio de la entrega del piso. Ahora sobrevive con 426 euros de la renta activa de inserción (RAI) y con otras ayudas como la del banco de alimentos en una vivienda de alquiler social en una zona marginal, lejos de su barrio y de sus amigos, con su hijo menor, de 20 años, en paro, como él. "De momento vamos tirando así. Tampoco tengo vicios. Lo malo es mi hijo, que tiene 20 años, y no le puedo dar ni cinco euros para poder salir a algún sitio", se lamenta.
Marisa Juan es trabajadora social sanitaria en el centro de salud de El Arrabal, uno de los barrios más antiguos de Zaragoza. Hasta hace unos años quienes se acercaban a su oficina lo hacían por cuestiones relacionadas casi únicamente con la salud, pero ahora los problemas se han diversificado. "Las situaciones que atiendo tienen que ver más con necesidades básicas, como el alquiler del piso y los gastos de vivienda, como la comunidad, la luz o el agua", explica. "Sobre todo viene mucha gente que necesita dinero para comprar alimentos o que abandona su medicación porque no puede comprar los fármacos". Antes, asegura, atendía un tema relacionado con la alimentación "cada muchísimo tiempo". "Eran colectivos en situación de marginalidad como transeúntes, alguna persona del colectivo gitano. Eso ha cambiado y todos los días viene gente que llevaba una vida normal y que trabajaba para pagarse la vivienda y la comida", dice.
Marisa Juan conoce el caso de un matrimonio que ha decidido separarse pero debe seguir unido porque no puede permitirse pagar dos alquileres; el de una anciana que perdió su casa por avalar al nieto; el de una mujer que ha tenido que acoger en su hogar a sus dos hijos ya casados y en paro con sus respectivas familias, y mantenerlos con una pensión mínima de 365 euros "y recordarles que son buenas personas para que no salgan a robar".
Situaciones como la de José Antonio Medina, un pintor de brocha gorda malagueño, de 49 años, quien hace casi cinco años, tras separarse de su mujer y perder su trabajo, se trasladó a Zaragoza, donde vivía un hermano, en busca de un cambio de aires. Aunque tiene también experiencia como albañil y en una imprenta, en todo este tiempo no ha encontrado trabajo. "Estoy metido en bolsas de trabajo, me hacen entrevistas, mando currículos por correo, pero no hay respuesta. No sé lo que pasa", explica en el salón del pequeño apartamento donde alquila una habitación con derecho a cocina por 220 euros al mes. Por la ventana, se ven tres tiendas (una pollería, una frutería y una charcutería) cerradas desde hace meses por la crisis. Su familia, a pesar de que son siete hermanos, no puede ayudarle porque todos atraviesan apuros. La última ayuda pública que recibió, de 426 euros al mes, se le terminó en junio y desde entonces está esperando la respuesta a su solicitud de renovación. Por eso ha tenido que acudir a distintas instituciones para sobrevivir en los últimos meses. Va a un comedor social y Cáritas le estuvo pagando hasta octubre el alquiler. Ahora debe cuatro meses, "pero por suerte la dueña del apartamento entiende la situación y voy aguantando". Medina padece de tensión y colesterol altos y los medicamentos le cuestan 42 euros al mes.
A través del centro de salud, accedió a un programa subvencionado por el Gobierno aragonés y el Ayuntamiento de Zaragoza que le cubre ese gasto. "Yo antes vivía normal", cuenta. "Tenía mi trabajo y no sabía nada de Cáritas, ni sabía de medicamentos, ni nada. Esto te pilla como un jarro de agua fría por la cabeza", se lamenta José Antonio, que ha sustituido la brocha gorda por el pincel y pinta cuadros para mantener la cabeza ocupada."Me levanto y me pongo a pintar. Me relaja mucho. Cuando no, ando, hago un poco de deporte. Me distraigo, lo que no puede ser es quedarse bloqueado, quedarse estancado con pena. Hay que ser activo", relata. No obstante, no ve una salida inminente a sus penurias: "Yo ya voy viviendo el día a día. Yo ni tengo presente ni tengo futuro, sólo el día a día".
Medicamentos, gas, luz
Farmacéuticos Sin Fronteras, que es la organización que le proporciona sus medicinas, empezó en 2004 a atender a pacientes en situación de pobreza en España. Sin embargo, hace dos años, cuando entró en vigor el copago farmacéutico, vio cómo empezaba a cambiar el perfil de las personas que requerían su asistencia. "Se fueron los pacientes sin apenas ingresos o con cero ingresos (a los que el nuevo sistema suministra los fármacos gratuitamente) y pasamos al paciente que tiene una media de ingresos mensuales de 500-600 euros y que tiene a su cargo hijos o nietos", cuenta Ángel Huélamo, director de la ONG. Para esta población, que tiene problemas para llegar a fin de mes, pagar un 30% o un 40% de una medicina puede resultar una carga onerosa. Muchos han tenido que interrumpir sus tratamientos. "Son personas en riesgo de exclusión cuyas líneas de salud más problemáticas vienen derivadas de la malnutrición y de distintos problemas sociales que pueden conducir a la depresión", dice Huélamo.
Según la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, el porcentaje de personas con dificultades para llegar a fin de mes pasó del 59,1% en 2007 al 67% en 2013 y, entre éstas, la cifra que más subió fue las de aquellas que tenían "mucha dificultad": del 11,1% al 18,6% (equivalente a 8,6 millones de ciudadanos). Otro dato que refleja este estudio es el aumento de aquellos que no pueden permitirse mantener su vivienda con una temperatura adecuada; pasó del 5,9% de la población en 2008 al 8% en 2013. Un problema que según la Alianza Contra la Pobreza Energética, surgida en Barcelona para poner freno a los cada vez más frecuentes cortes de suministro que afrontan miles de hogares por no poder la factura de la electricidad o el gas, no para de crecer.
En 2013, de acuerdo con datos de la Asociación de Ciencias Ambientales recogidos por la Alianza, se produjeron en España 75.000 cortes de gas por impago (un 84% más que el año anterior) y más de 1,1 millones de interrupciones del servicio eléctrico por la misma causa (un 24% más). "Y desde el año pasado hasta este nos encontramos cada vez más casos", asegura Tatiana Guerrero, portavoz de la Alianza. "Cada vez hay más gente que está en el paro y la tarifa ha subido un 70% desde 2007. La mayoría ya no puede hacer frente a este pago". Lo sabe bien Carmen Grúas, quien tras pasar tres años en paro y desahuciada del apartamento alquilado en el que vivía con sus dos hijos, el año pasado tuvo que hacer frente con los 426 euros mensuales de la RAI a un alquiler social de 157 euros y a sus gastos y los de su hijo de trece años (la mayor se fue a vivir con su abuela). A pesar de que tras el desahucio sufrió una pulmonía, el pasado invierno lo pasó sin calefacción. "Tenía una estufa pequeña. La poníamos un rato en la habitación y nos cubríamos con mantas. Una vez puse la calefacción y me llegó una factura como de 180 euros", afirma. Esto le ha costado dos resfriados y, aun así, no pudo hacer frente a las facturas y ha acumulado con Endesa una deuda de 500 euros. "Este año con el frío que hace hemos decidido poner la calefacción. No sé cuánto me va a subir la factura y si es muy grande sé que no la voy a poder pagar. Ya lo solucionaremos de alguna manera. Lo que no vamos a hacer es enfermar", dice con resignación.
Trabajadores pobres
Como tantos españoles, Grúas no puede permitirse caer enferma después de haber conseguido por fin un trabajo, temporal y a tiempo parcial, como limpiadora en una escuela de teatro. Le pagan 500 euros, apenas 76 más que la renta que cobraba hasta ahora. "Por supuesto, lo he cogido, yo no quiero vivir de pagas, yo quiero trabajar", asevera. Antes, empleo y pobreza eran términos disociados en España. Pero con casi cinco millones y medio de parados, la reducción del salario medio en más de 600 euros en tres años (de acuerdo con los cálculos de la Unión General de Trabajadores), y el avance del trabajo temporal y a tiempo parcial, ha regresado la figura del trabajador pobre.
Con 3,3 millones de parados de largo duración y una tasa de protección al desempleo en el 31,6% (lo que deja a 3,8 millones de personas sin trabajo sin prestación), la gente acepta cualquier trabajo que le ofrezcan. Esto se aprecia en las profesiones que durante los años de bonanza fueron abandonadas por los españoles y asumidas por inmigrantes. Trabajos como el cuidado de ancianos, la limpieza o el campo han sido ahora retomados por los nacionales. Blanca Corroto, presidenta de la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) en la provincia de Toledo, tuvo que ir durante seis años seguidos, entre 2003 y 2008, a reclutar a trabajadores de Polonia y Rumanía para las recogidas de la uva y la oliva. "Esto fue debido a la falta de mano de obra que teníamos en estos sectores", sostiene. "Desgraciadamente, la situación en España cambió y ahora tenemos mano de obra española", señala. "A partir del año 2009 fue cuando empezó más a volver. Hemos tenido unos años de mucha gente ofreciéndose para trabajar en el campo y no podíamos contratar a todos".
Incluso en la prostitución, las mujeres españolas han empezado a recuperar el terreno cedido a las inmigrantes. "En un principio el terreno fue tomado sobre todo por latinoamericanas y luego se incorporó todo el mercado de la Europa del Este, pero ahora las españolas han vuelto al oficio", confirma Paula Vip, presidenta de la Asociación de Profesionales del Sexo (Aprosex). Esta asociación lleva a cabo desde el año pasado cursos para orientar e informar a quienes quieran iniciarse en la profesión, y se han visto sorprendidas por la numerosa respuesta que han obtenido. Todas las participantes eran españolas, "sobre todo universitarias y empresarias, o mujeres emprendedoras en cualquier caso", subraya Vip. Entre las participantes en el primer curso estaba Arianna Frega (nombre artístico, como el de Vip), que hasta hace dos años tenía una empresa en el sector de la construcción y otra en el de la hostelería. Pero en la primera, su socio la estafó y le dejó con una importante deuda.
"Cuando me quedé sin la empresa, con la hostelería no llegaba a fin de mes para nada", cuenta Frega. "Además de la deuda, tengo una hipoteca y los gastos mensuales se me iban acumulando. Llegué a un punto en que me dije que no podía seguir pidiendo más dinero a la familia". Supo del curso de Aprosex por Internet y decidió pagar los 50 euros que costaba, una cantidad considerable para ella en aquel momento. Ahora, gracias a su trabajo como escort, ha logrado salir adelante: "Sigo teniendo la deuda pero voy más tranquila porque voy generando unos ingresos y llego a fin de mes y voy pagando la deuda".
El caso de Arianna es representativo de cómo la crisis está golpeando a gente de todos los estratos. Sin embargo, las más afectadas están siendo una vez más las clases bajas. Guillermo Fernández, técnico del equipo de estudios de Cáritas, sostiene que en contra del pensamiento general "todo el mundo piensa que la crisis se ha repartido de la misma manera en el conjunto de la sociedad, pero realmente no todo el mundo ha perdido lo mismo; han perdido mucho más los que estaban abajo y además, como tenían menos, se han quedado sin nada". En términos puramente monetarios, "donde se ha producido la caída fuerte es en el grupo que gana del 20% para abajo, las clases medias han perdido un poco, pero no demasiado, y las clases más pudientes han mejorado ligeramente su posición", afirma.
Pese a los anuncios de mejora económica del Gobierno, "los datos de memoria de registro de la gente que acude a nosotros nos indican que la crisis se sigue manteniendo", sostiene Fernández. "Calculamos que estamos atendiendo en este momento en España a en torno a dos millones y medio de personas, en conjunto", añade.
Fernández señala que el fenómeno de la pobreza ya era considerable antes de la crisis, pero estaba oculto. Sin embargo, comenta, durante la crisis "se han producido dos fenómenos muy graves: que cada vez más problemas afectan a más familias y que además esos problemas se acumulan más en determinado grupo de familias". Fernández apunta como algunos de los colectivos más afectados a las familias numerosas, las mujeres solas con hijos, la población gitana (que ha pasado de un índice de exclusión social del 40% al 75%) o los jóvenes, "sobre todo matrimonios que habían empezado a tener algún hijo y a construir su proyecto vital".
Gitanos e inmigrantes
Pero si ha habido una población particularmente golpeada ha sido la inmigrante. Mientras que entre los españoles la tasa de riesgo de pobreza fue en 2013 del 16,5%, de acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida, entre los extranjeros de países de la Unión Europea, alcanzaba el 35,1% y entre los extracomunitarios, el 47,8% (un año antes, con la antigua metodología, estos porcentajes eran del 18,5%, 31,2% y 46%, respectivamente). Ni siquiera los 15 años que lleva en España le han librado a Patricia Armendáriz, una ecuatoriana de 41 años, de recibir de lleno el impacto de la crisis. Durante sus primeros años en el país, en Valencia, se ganaba la vida bien limpiando casas. Se casó con un boliviano con quien tuvo tres hijas españolas e incluso con su sueldo y el de su marido de albañil se metieron en una hipoteca.
Pero hace seis años su esposo perdió su trabajo y le tocó a ella cargar con todo el peso de la familia. Además, la mensualidades de la hipoteca pasaron de 600 a 1.000 euros, luego a 1.100. Hasta que no pudieron pagar más. El banco les quitó el piso y les dejó con una deuda de 170.000 euros que no para de crecer con los intereses. “Con tres niñas es muy desesperante. Al principio me costaba muchísimo. Para mí era muy duro porque parecía que no iba a poder”, relata Patricia. "Me enfermé de los nervios, me empezaron a salir granos por toda la cara. Ahora me estoy curando porque con todo esto he adquirido fuerza y digo que sí puedo. Me da igual que un día no tenga trabajo y quizás no tenga qué darle de comer a mis hijas, pero pienso que como sea aparecerá la comida". Ella sigue limpiando, pero cada vez hay menos trabajo y las tarifas del sector han caído de 10 a 5,5 euros la hora. Subsisten en parte con la ayuda que les proporciona Cáritas de la Parroquia de San Leandro, en el barrio de Mestalla.
La calle en la que está la agencia de la organización humanitaria "divide el barrio en dos partes", indica Ángel, el tesorero. "Hacía un lado es la parte en la que hay viviendas de inmigrantes y en la otra parte es donde el nivel es muy elevado, de clase media alta. Hay una disparidad muy grande". Antes atendían casi exclusivamente a inmigrantes. "Ahora llevamos cuatro años en que aparecen los españoles", comenta Ángel. "Muchas veces son pensionistas que tienen uno o dos hijos que se han quedado sin trabajo, se les ha acabado el paro y tienen que ayudarles".
En casa de los abuelos
En efecto, como cada jueves, los voluntarios de Cáritas reciben a la gente que acude al centro para solicitar ayuda. De dos en dos, van escuchando los problemas de cada uno en un salón en el que se han dispuesto varias mesas con sillas para realizar las entrevistas. Antes, los solicitantes deben esperar en un cuarto con sillas a modo de recepción. La mayoría son extranjeros, pero entre ellos se ve a algún español con gesto de incomodidad. "Al español se le hace muy cuesta arriba el estar aquí sentado, rodeado de inmigrantes. Para ellos es un golpe muy fuerte, porque ellos no pensaban nunca que se iban a encontrar en esa situación", comenta Ángel. "Les da vergüenza y miedo porque no saben si de esa situación van a poder salir", le secunda Pilar, la directora del centro. "A veces dependen los nietos de ellos. Les dan ayuda con la pensión que tienen, pero no quieren que los hijos se enteren de que vienen a Cáritas a pedir ayuda". La mujer explica que hay muchos matrimonios con hijos que han tenido que abandonar su hogar e irse a vivir con los padres de alguno de los dos. Según una encuesta llevada a cabo por la organización humanitaria, en todo el país hay 314.000 hogares en esta situación.
Guillermo Fernández alerta de que "la cohesión social de nuestro país se está resquebrajando” debido a que está desapareciendo la movilidad social entre los grupos en situación de exclusión. “Para que una sociedad genere cohesión tiene que haber movilidad interna, sobre todo hacia arriba. El problema es que ahora se ha cerrado la movilidad ascendente y hay mucha movilidad descendente". El especialista considera que "todavía no estamos en una situación límite, todavía se puede revertir", pero es escéptico respecto a las perspectivas de recuperación que ofrecen los analistas económicos y, por supuesto, el Gobierno. "Desde nuestro punto de vista eso no se ha trasladado ni creemos que se vaya a trasladar en el medio plazo a la gente que lo está pasando realmente peor", advierte. Por ello, asegura, para afrontar la pobreza no va a ser suficiente con la vía del empleo, sino que es perentorio aumentar el volumen de gasto en políticas sociales.
"Cuando llegamos a los colegios hablando de pobreza en otros países, los profesores nos empezaron a contar que había niños que no comían en todo el día más que lo que comen en el colegio. Incluso hay algunos que se llevan el pan a su casa para poder cenar", explica Ana Sequí, coordinadora del Proyecto de Infancia...
Autor >
Pablo Pérez Álvarez
Pablo Pérez Álvarez es un periodista de Zaragoza que ha trabajado durante varios años en países de América Latina como México, Colombia, Perú y Argentina, en agencias de noticias internacionales y colaborando con distintas revistas y medios digitales fundamentalmente de España y México.
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